Un juzgado de Sevilla ha condenado a una fundación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) a pagar la cantidad que adeuda a una empresa que contrató para la realización de unas obras en la promoción de viviendas de protección oficial que gestiona el grupo Dolmen en Sevilla Este. La sentencia del juzgado de Primera Instancia número 14 de Sevilla condena a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, constituida íntegramente por la CEA, a pagar 10.700 euros más otros 793 en concepto de daños y perjuicios a la empresa Proyectos Constructivos Enrique Rosado, Procoenro S. L., encargada de los trabajos de instalación de aire acondicionado y energía solar de la citada promoción. La juez también condena en rebeldía a la constructora Gestión y Servicios CYR, que no compareció al juicio pese a ser la empresa encargada de la construcción de la obra y quien contrató los servicios de la demandante.

Ésta es la primera sentencia que condena a la patronal andaluza como propietaria de las obras de esta promoción de viviendas protegidas en Sevilla Este. Actualmente hay otros cinco pleitos abiertos con otras sociedades que prestaron sus servicios a la CEA, como son Procoenca, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda y Remoan. En total, la deuda de la fundación de la confederación empresarial con estos proveedores supera el medio millón de euros.

En la sentencia, fechada el 28 de diciembre de 2012, la juez de Primera Instancia 14 considera probado que "dicha fundación no abonaba las certificaciones de obra a la referida contrata principal (GYR) y ésta hacía lo propio con las empresas subcontratadas, como es usual, sino que abonaba directamente a las subcontratas la obra que cada una había realizado y el resto lo ingresaba en la cuenta de la contrata principal". Igualmente, el documento recoge que los demandados ofrecieron a los subcontratistas un acuerdo de novación subjetiva de la deuda privada, es decir, la extinción de la deuda con GYR para que la asumiera la promotora, Dolmen. El pago se garantizaría a través de las subvenciones que recibiría la promotora por parte de la Junta de Andalucía por tratarse de vivienda protegida.

El demandante, Procoenro, no aceptó esta oferta, pero sí hubo otras subcontratas que lo hicieron. El representante de una de ellas, Remoan, acudió como testigo al juicio y manifestó que ni le pagaron la deuda reconocida en la novación ni se cumplieron las garantías que dicho acuerdo contemplaba. Otra subcontrata, Aplicaciones Maqueda, dijo en la vista que no firmó el acuerdo porque "se había enterado de que las subvenciones que iba a recibir la fundación de la Junta, estaban pignoradas por el banco".

La juez recalca que todos estos detalles confirman la existencia de una deuda con estas empresas y que la fundación no pudo acreditar suficientemente que hubiera saldado la deuda con la contrata principal. La sentencia va todavía más allá y asegura que "existe concurrencia en algunos momentos entre apoderados, consejeros y representantes de la Fundación, CYR y Dolmen, que era la gestora". Este periódico contactó ayer con la CEA para ofrecer su versión de los hechos. Fuentes de la Confederación Empresarial Andaluza explicaron que la sentencia aún no es firme y anunciaron que la recurrirán en los próximos días.

El abogado que ha ganado el litigio, Fernando L. Martín Llamas, explicó este lunes que la situación en la que se encuentran sus clientes empieza a ser desesperada, después de que permanezcan sin cobrar sus trabajos desde el año 2010. Los afectados están estudiando la posibilidad de ir más allá de la demanda civil y personarse como acusación particular en la causa que investiga el juzgado de Instrucción 14 de Sevilla, ya que sostienen que han detectado numerosas irregularidades en este asunto.

El juez titular de este órgano mantiene abiertas unas diligencias de investigación contra el grupo Dolmen, actualmente en concurso de acreedores, por una presunta estafa de más de diez millones de euros por las deudas contraídas con dos empresas especializadas en la construcción de esta misma promoción de viviendas. Mientras tanto, apenas se han entregado un tercio del total de las viviendas.