Esta semana, un juzgado de la provincia de Sevilla tenía pendiente emitir entre 20 y 30 autos de prescripción. Han pasado más de cinco años desde que se cometieron los delitos hasta la fecha actual y, por tanto, los presuntos autores de los mismos quedarán impunes. El colapso que sufren los juzgados de Sevilla, que se agrava todavía más en algunos órganos de la provincia como Sanlúcar la Mayor y Utrera, está provocando que muchos delincuentes, sobre todo los especialistas en robos con fuerza, queden sin castigo. Ellos mismos son perfectos conocedores de la situación, saben que tienen una vía de escape en la prescripción de los delitos por el paso del tiempo y se aprovechan de ella. Hacen de la delincuencia una profesión, un medio de vida. Saben que si el robo se cometió sin violencia -es decir, en una tienda o una vivienda vacía, sin enfrentarse a los propietarios ni amenazarlos-, los jueces decretarán su libertad provisional y, con suerte, pasarán cinco años antes de que sean sentados en un banquillo.

No existen estadísticas específicas de prescripción. Los delitos prescritos figuran en todos los balances como casos archivados, sin que se detalle el motivo del archivo. Es decir, a efectos estadísticos cuentan como archivados tanto aquellos en los que la investigación no haya deparado resultados positivos como aquellos en los que, habiendo imputados, no se les ha podido enjuiciar porque los delitos han caducado. Pese a ello, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es consciente de los problemas derivados del colapso de los juzgados sevillanos, y así lo hizo constar en la última memoria publicada, que es la que corresponde al año 2016. Todavía no está disponible la de 2017.

Esta semana estaban pendientes más de 20 autos de prescripción en un juzgado

En ese documento, el TSJA expone que "los datos que arrojan los últimos años ponen de manifiesto la sobrecarga de entrada de asuntos en Sanlúcar la Mayor, sin perjuicio de prestar atención a la evolución de Dos Hermanas, Lora del Río, Utrera y Morón de la Frontera, incluso Alcalá de Guadaíra, Lebrija y Carmona". Como puede apreciarse, es un problema generalizado en toda la provincia. El Alto Tribunal andaluz apuntaba que "sería, pues, necesaria la creación de nuevas plazas judiciales o, en su caso, mantener y ampliar en algunos partidos durante 2017 la adscripción de JATs (Jueces de Adscripción Territorial) como integrantes de medidas de refuerzo".

Los juzgados de Sanlúcar la Mayor están entre los más colapsados de España. Cada uno de los cuatro órganos que componen este partido judicial tramitaron en 2016 una media de 1.494 casos penales (es decir, cinco al día por juzgado) y 1.232 civiles. De ahí que muchos de estos casos no puedan instruirse en un plazo razonable y sean muchos los que terminen siendo archivados por prescripción. En la práctica, esto supone que hay un grupo de delincuentes que sabe que, si cometen robos con fuerza a diario, poco les va a pasar si son detenidos por la Policía o la Guardia Civil. De hecho, es habitual que los agentes de ambos cuerpos detengan a personas con una enorme cantidad de antecedentes como responsables de los robos más comunes, los que se registran en comercios o en viviendas. Así, delincuentes que apenas tienen 25 años atesoran ya medio centenar de arrestos.

Agrava el problema el hecho de que exista cierta laxitud a la hora de dictar órdenes de prisión preventiva para los autores de robos con fuerza. Los jueces españoles son muy duros cuando castigan la violencia que se ejerce contra las personas, y no dudan en enviar a prisión preventiva a cualquier detenido por delitos en los que haya habido heridos o se haya amenazado con algún arma de fuego a la víctima. Sin embargo, cuando los robos se producen sólo con fuerza, en una tienda cerrada de madrugada o en una vivienda cuyos propietarios están fuera de la misma, la práctica totalida de estos detenis

Esto provoca que los delincuentes no le tengan miedo a la reincidencia. Es hasta cierto punto habitual que haya delincuentes detenidos una o dos veces por semana, que sólo dejan de robar cuando por fin son condenados, pero que mantienen un ritmo continuado de robos mientras permanecen en libertad. En alguna ocasión, las Fuerzas de Seguridad han sorprendido robando a un ladrón que había salido libre del juzgado horas antes.

Todo ello genera un profundo malestar entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que piensan que su trabajo es baldío. Algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado han explicado a este periódico que sienten una absoluta "impotencia" por no poder revertir esta situación. "Lo vemos día a día, los detenemos, son reincidentes con multitud de antecedentes por hechos similares y suelen ser agresivos con la Policía", indicó un agente. Otro lamentó que, pese a declararse insolventes y no tener nada a su nombre, estos delincuentes suelen contratar a algunos de los abogados más caros de Sevilla. "Hay bufetes que garantizan que, como máximo, sólo pasará un día en el calabozo, que cobran sólo 500 euros por estar presentes en la lectura de los derechos. Personas que no tienen ningún tipo de oficio ni beneficio, con cero ingresos declarados, que viven en barrios marginales, tienen luego los mejores abogados, coches, ropa de marca. Los presentas ante el juez de Instrucción y en el 98% de los casos queda en libertad a la espera de juicio. Dependiendo del juzgado o del juez que toque, este proceso puede durar un año o prescribir a los cinco años", aseguró otro integrante de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Estos policías y guardias civiles se ven a diario en la situación de explicar a familias que han sido víctimas de robos en sus casas que, "salvo que sean detenidos in fraganti", no van a poder recuperar sus pertenencias. "Son personas que han perdido sus ordenadores portátiles con su trabajo de meses, y con las fotos de sus hijos pequeños, a las que les han robado las joyas que heredaron. Pero los ladrones por supuesto son insolventes, aunque paguen miles de euros a un abogado y tengan coches de lujo a nombre de las madres, hermanas o novias. Y si los casos no prescriben, se llegan a acuerdos en los que los delincuentes son condenados a tres años de cárcel por treinta robos. Cumplida la condena, vuelven a robar".