Jerónimo Molina Herrera

Presidente de FAECA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias)

La propuesta de reforma de la PAC presentada por el Comisario Ciolos en octubre pasado, emana del documento que la Comisión Europea publicó en 2010 titulado La PAC en el Horizonte 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario.  El objeto de dicho documento era adaptar la Política Agrícola Común a los retos que se le avecinan para la agricultura y el mundo rural. Tras una revisión de los objetivos y de los instrumento de la PAC se reafirman en la necesidad de mantener una Política Común fuerte y estructurada en dos pilares. En el documento hay tres ideas de fuerza que presiden todo el discurso y que tratan de armonizarse entre ellas:

-Mantener la viabilidad económica de la agricultura europea para lo cual es necesario asegurar un nivel de renta de los agricultores.

-Mantener las nuevas exigencias de los ciudadanos en temas de medio ambiente, cambio climático, bienestar de animales y plantas…

-Contribuir al equilibrio territorial manteniendo la actividad en zonas rurales con dificultades para el desarrollo.

Estas tres ideas se relacionan con las de la Estrategia 2020 al defender un modelo de crecimiento: inteligente, para mejorar la productividad a través de conocimiento y la innovación; sostenible, utilizando los medios naturales y los recursos renovables; inclusivo, liberando el potencial económico de las zonas rurales.

De la combinación de estas ideas y estrategias se redefinen los tres Objetivos de la PAC en alineación con la Estrategia 2020: producir alimentos de forma viable económicamente, limitando las oscilaciones en la renta de los agricultores y aumentado su cuota en la cadena alimentaria; realizar una gestión sostenible de los recursos y acción por el clima, y en tercer lugar propiciar un desarrollo territorial equilibrado.

Para la consecución de estos objetivos se proponen modulaciones de los actuales instrumentos: medidas de mercado, pagos directos y desarrollo rural.

Todo el planteamiento tiene en cuenta la advertencia de la FAO en el sentido de que la población mundial crecerá en un 50 % en el año 2050, lo que implica tener que incrementar la productividad agrícola en un 70% para alimentar a una población creciente en un entorno de escasez de recursos y de presión medio ambiental.

La propuesta que presentó el Comisario Ciolos en consecuencia con estas líneas estratégicas y objetivos, contiene las iniciativas legislativas que desarrollan los instrumentos concretos de actuación. Como en la mayoría de los documentos que se elaboran en la UE, tras un brillante relato de la situación de la agricultura europea y del mundo rural, los instrumentos y medidas que se proponen no se corresponden con la certeza y claridad del diagnostico realizado.

Las propuestas legislativas para la gestión de los mercados, no dan respuesta a la continua disminución de la parte de los agricultores en la cadena de valor, ni posibilitan corregir la gran volatilidad de los precios agrarios. Por otra parte, las organizaciones de productores, que son las encargadas de aplicar las medidas de gestión de los mercados, no están claramente definidas, lo cual dificultará en la práctica la ejecución de dichas acciones. Por otra parte, tampoco se ha incluido la excepción sobre el derecho a la competencia para los acuerdos de los agricultores en el marco de la PAC, por lo que será muy difícil poder utilizar estos instrumentos de gestión de mercado.

Respecto a las modificaciones introducidas en los pagos directos, la principal es que estos no estarán vinculados a la actividad productiva y además se les exige una serie de condicionantes, algunos de ellos de carácter medioambiental.

El nuevo modelo lo que va a propiciar es la pérdida de competitividad de las producciones y la caída de la propia producción agraria, lo cual es contradictorio con la Estrategia 2020 de defender un modelo de crecimiento inteligente, para mejorar la productividad a través de conocimiento y la innovación, y con las previsiones de la FAO respecto al aumento de la demanda mundial de alimentos.

En relación a las propuestas realizadas para el desarrollo rural, tendrán en su aplicación práctica muchas dificultades si no se parte de la evidencia de que el mejor y a veces el único elemento organizativo que existe en el mundo rural son las cooperativas y por lo tanto la implementación de los distintos Planes de Desarrollo Rural (PDR) deberían de realizarse con estas empresas.

También será necesario, en el caso español, que los PDR regionales puedan coexistir con los estatales.

Aunque aún hay por delante todo un año para discutir, y espero que para modificar el borrador, lo peor de la reforma propuesta sería que en las circunstancias de crisis económica e institucional en que se está elaborando, con la incertidumbre que produce y con la escasez de medios disponibles, los Estados Miembros acaben discutiendo sobre el volumen de recursos a destinar a la PAC y el reparto entre ellos, en vez de abordar los problemas de fondo del sector y sus retos de cara al futuro.