El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcalá de Guadaíra, que instruye el caso por las supuestas irregularidades en la sociedad del Ayuntamiento Alcalá Comunicación Municipal (ACM), ha citado a declarar como investigadas a otras ocho personas, siete de las cuales han sido o son concejales socialistas en el Consistorio, vinculadas a los equipos del ex alcalde Antonio Gutiérrez Limones, actual diputado por Sevilla. Entre ellas están el actual secretario local del PSOE, Rafael Chacón, y la primera teniente de alcalde hasta el pasado verano, Miriam Burgos. Ambos ocupan ahora cargos en el Gobierno de la Junta. El primero es director general de Movilidad en la Consejería de Fomento y Vivienda y, la segunda, que renunció a ser candidata a la Alcaldía tras la marcha de Limones dejando paso a Ana Isabel Jiménez, es la actual directora general de Personas Mayores, en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Junto a ellos, en un auto fechado el 11 de enero, se cita a los ex concejales Gloria María Gil, Guillermina Navarro, María José Borge, María Dolores Gutiérrez y al todavía edil y delegado de Desarrollo Económico, Urbanismo y Vivienda, Salvador Escudero.

Escudero, que es segundo teniente de alcalde, se mostró ayer sorprendido por la citación, de la que no tiene más información, aunque está "tranquilo". Tanto Escudero, como los ex ediles citados formaron parte de la junta local de gobierno en que la se aprobaron las transferencias a ACM, en un caso que llegó al juzgado después de que trascendiera una grabación realizada al contable, Javier Luque, en la que éste reconocía supuestos pagos irregulares, en una conversación en la que, entre otros, estuvo presente la actual alcaldesa, Ana Isabel Jiménez.

Los investigados deben comparecer los días 1 de marzo (Miriam Burgos, Gloria Marín, Salvador Escudero); 2 de marzo (Guillermina Navarro, María José Borge y María Dolores Gutiérrez) y, el 3 del mismo mes, en el caso de Rafael Chacón. Ese día declarará también por videoconferencia desde un Juzgado de Ronda Salvador Jurado, antiguo proveedor de la empresa.

En el auto, el juez da traslado también a las partes de una resolución de la Alcaldía del 19 de diciembre por la que el Ayuntamiento se persona en el caso como acusación particular, una iniciativa que arrancó con un acuerdo plenario a propuesta del PA, al que se sumó el PSOE, que rechazó que se abriera una comisión de investigación en el Consistorio, como también pedía la oposición.

El gobierno local, a través de la nueva portavoz, Elena Álvarez, pidió ayer no hacer "juicios paralelos" y recordaba que de las citaciones no se pueden determinar responsabilidades, por lo que descarta tomar medidas de antemano.

Además de las citaciones, en el auto se informa de que se le ha practicado una prueba caligráfica a Javier Luque, trasladada a un perito junto al informe de la Guardia Civil en el que se apuntó que se podría haber falsificado la firma de Guillermina Navarro, que presidió la sociedad, en seis cheques.

La sociedad fue liquidada, en aplicación de la reforma local, en 2013, aprovechando la baja de una edil del PP cuando el PSOE perdió la mayoría absoluta por la marcha de Laura Ballesteros, que también se relacionó con este polémico caso, por el que ya han declarado en el juzgado como investigados cuatro trabajadores de la sociedad, familiares y proveedores.