Este mes de marzo hará cuatro meses que la Alcaldía de Espartinas está ocupada de forma accidental por Iván Gómez, el tercer concejal de C's que asume el puesto desde las elecciones municipales de 2015, debido a la baja médica de Olga Hervás, que se produjo en noviembre, y que no ha renunciado a volver. Ésta sustituyó a su vez a José María Fernández, que sigue como edil raso. Pese a que Gómez ha desplegado una intensa actividad y ha multiplicado los esfuerzos por comunicar la gestión de C's, cuestionada por una oposición con la que parece incapaz de llegar a consensos mínimos, la "accidentalidad" está teniendo consecuencias en otros ámbitos. El propio gobierno local la ha esgrimido ante un juzgado de Sevilla para justificar su retraso al pagar las costas y ejecutar del todo una de las condenas en firme que tiene el Ayuntamiento por la tasa sobre convenios urbanísticos que se cobró o se intentó cobrar durante la anterior etapa del PP.

"Debido a la situación de total provisionalidad del órgano de regimiento del Ayuntamiento que hemos apuntado -tercer alcalde, actualmente accidental-, es inevitable la dilación" para poder "dejar sin efecto el requerimiento de pago ya de por sí declarado nulo por sentencia", dice literalmente en un escrito que el Ayuntamiento de Espartinas presentó el 23 de febrero ante el juzgado de lo contecioso-administrativo número 6 de Sevilla. Antes, éste le había dado diez días de plazo para justificar por qué no acababa de cumplir el fallo, que dio la razón a unos de los propietarios afectados por el plan parcial de Aprocom y a los que se intentó cobrar 2,4 millones de euros por esa tasa de convenios urbanísticos, declarada ilegal por el TSJA.

En el escrito, el actual gobierno local insiste en que la voluntad es "cumplir a rajatabla con el pago de las condenas", pero que hay razones que justifican el retraso. Entre ellas, cita la elevada deuda, pero también esta peculiar situación política del Ayuntamiento. "Es debido única y exclusivamente a la enorme complejidad que supone abordar contable, financiera, administrativa e incluso políticamente -ya ocupa el cargo el tercer alcalde desde las últimas elecciones municipales- tamaño y dispar endeudamiento". En el escrito se insiste además en que ya hay un borrador de presupuestos municipales para 2017, con una "participa específica para hacer frente al pago de los intereses y costas" de las condenas, y las de este procedimiento en concreto, y anuncia que una vez aprobados se elaborarán los planes de ejecución y se trasladarán al juzgado.

Pero el escrito se presentó sólo unos días después de que C's pospusiera el Pleno extraordinario en el que se debían debatir y aprobar esas cuentas, algo que el alcalde accidental justificó porque el "posicionamiento de la mayoría de los grupos impide llegar a un acuerdo". No obstante, el PSOE aseguró después que es incierto que se nieguen a apoyarlos y que presentó incluso 13 enmiendas a los mismos. IU también presentó una, mientras que, según C's, el PP ha descartado de entrada apoyar los presupuestos, de los que depende en gran medida el funcionamiento del Ayuntamiento.

En enero, el gobierno local aseguraba que desde junio de 2015, se han abonado casi 3,5 millones de euros de deuda por las condenas judiciales firmes que tiene el Ayuntamiento espartinero y que provienen de la anterior etapa de gobierno del PP. Hasta enero de 2017, quedaban por pagar más de 5,3 millones de euros. La previsión era entonces abonar a lo largo de este ejercicio algo más de un millón de euros. El propio Ayuntamiento cifra las costas pendientes por estos procesos en más de 91.000 euros.