Anticorrupción denuncia por malversación a la ex directora de Seguridad y Salud Laboral de la Junta

  • También acusa al secretario de Organización y Finanzas de CCOO, Miguel Ángel Soto, por irregularidades en el destino y justificación de dos subvenciones de la Junta de 600.000 y 400.000 euros.

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La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado en los juzgados de Sevilla a la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta Esther Azorit y al secretario de Organización y Finanzas del sindicato CCOO, Miguel Ángel Soto, a los que atribuye la presunta autoría de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, en relación al destino y  la justificación de dos subvenciones concedidas por la Junta por importes de 600.000 y 400.000 euros.

En un escrito remitido por la Fiscalía al decanato de los juzgados solicita la apertura de unas diligencias previas para investigar estos hechos y, entre las medidas que se piden, destaca la declaración como imputados de los dos denunciados.

Una de las ayudas investigadas fue concedida por el consejero de Empleo el 22 de mayo de 2009, con una cuantía de 600.000 euros y destinada a financiar acciones de “divulgación y sensibilización” en materia de prevención de riesgos laborales. La Fiscalía señala que la entonces directora general de Seguridad y Salud Laboral Esther Azorit certificó el 9 de noviembre de 2009 que en esta subvención “ha sido aplicada parcialmente la finalidad para la que se concedió, constando por tanto su cumplimiento parcial así como el correspondiente gasto parcial de la actividad subvencionada”.

La Fiscalía concluye, no obstante, que de las “comprobaciones iniciales” efectuadas por funcionarios de la Policía Judicial “la suma total de gastos justificados, salvo error u omisión involuntaria, asciende a un total de 609.106,09”, pero de la documentación aportada por el sindicato se deduce “un exceso de justificación total de 13.427,97 euros”.

Entre los gastos a justificar por el sindicato se incluyó una partida de 34.553,75 euros en relación con una manifestación que tuvo lugar el 22 de abril de 2009 que, según la Fiscalía, no deberían haber sido aceptados, por lo que, de forma indiciaria, se tendría que haber producido un “reintegro de fondos públicos de un mínimo de 20.383,78 euros”, cantidad que sale de restar los gastos de la manifestación al exceso de justificación.

La segunda subvención investigada fue solicitada el 9 de junio de 2009, por importe de 400.000 euros e iba destinada a financiar el programa de “mejora de las condiciones de trabajo en la comunidad autónoma para el año 2009”. En este caso, la directora general de Seguridad y Salud Laboral, Esther Azorit, certificó con fecha 14 de julio de 2010 también la corrección de la subvención.

Dentro de esos gastos justificados por el sindicato, se incluyen dietas y facturas correspondientes a desplazamientos, alojamientos y comidas por importe de más de 26.000 euros, pero la Fiscalía considera que “una mínima comprobación” arroja como resultado la conclusión de que “algunos de los gastos de transporte y dietas que se recogen con el concepto de ‘coordinación de actividades’ reflejan viajes a Málaga desde Sevilla los viernes e itinerario de vuelta el lunes”. Y concluye que en este caso también debería haber realizado un “reintegro de fondos públicos derivados, de forma provisional e indiciaria, de la no aceptación como gastos justificados de parte de las dietas percibidas” por una trabajadora del sindicato.

Anticorrupción concluye que los hechos pueden ser constitutivos, de forma indiciaria, de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con otro delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos que serían imputables a la ex directora general de Salud Pública Esther Azorit  y al secretario de Organización y Finanzas de CCOO Miguel Ángel Soto, quien firmó los escritos de entrega de justificación de las subvenciones mencionadas.

La denuncia de la Fiscalía solicita al juzgado que tome declaración como imputadas a estas dos personas y que se encargue un informe pericial relativo al “presunto menoscabo de los fonos públicos producido en las subvenciones concedidas” por la Consejería de Empleo al sindicato.

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