La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes una fianza de responsabilidad civil de 624.022.000 euros para el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que se ha acogido a su derecho a no declarar después de que la juez Mercedes Alaya le haya imputado cuatro delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, y omisión del deber de perseguir delitos, por no haber puesto las irregularidades en conocimiento de la Fiscalía o de la autoridad judicial una vez detectadas.

Una vez que Barberá se negó a declarar, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez una serie de medidas cautelares, entre las que se incluyen la fianza de responsabilidad civil, así como que se acuerde la obligación de que el ex viceconsejero comparezca regularmente en el juzgado y se le retire el pasaporte y el DNI para que no pueda abandonar el país. En cualquier caso, no se ha solicitado la prisión preventiva, al igual que ha ocurrido en las últimas declaraciones de ex altos cargos de la Administración andaluza.

La acusación particular de la Junta de Andalucía ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 18,8 millones y se ha adherido al resto de medidas cautelares planteadas por la Fiscalía. Por su parte, el PP ha pedido las mismas medidas que Anticorrupción, el sindicato UGT no ha solicitado ninguna medida, al igual que el abogado de la defensa.

La instructora de la causa, que tiene previsto resolver hoy mismo sobre las medidas cautelares, ha realizado al comienzo de la comparecencia un relato pormenorizado de los hechos que imputa al ex alto cargo, analizando su participación ayuda por ayuda, según han explicado algunos de los letrados presentes en la comparecencia.

Tras la lectura de los cargos, Agustín Barberá, que fue viceconsejero entre 2004 y 2010, deberá decidir si presta declaración o se acoge a su derecho constitucional a no declarar. Esta última opción parece la más probable después de que su abogado, Pedro Apalategui, haya pedido un receso a la magistrada con la finalidad de "aconsejar" a su cliente, dado que entiende que los hechos relatados no son los mismos que se le imputaban inicialmente.

La imputación de Agustín Barberá fue incluida por la juez Alaya en un auto fechado el 22 de febrero pasado, en el que la magistrada consideró que Barberá "tendría conocimiento a la misma vez que el consejero de Empleo Antonio Fernández de la legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía".

La instructora también atribuye a Barberá que "daría el visto bueno a los pagos ordenados al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) por el director general de Trabajo y Seguridad Social en los últimos años".

Agustín Barberá ya ha comparecido en una ocasión ante la juez Mercedes Alaya, en calidad de testigo en la causa en la que se investigaba el presunto cohecho en la empresa pública Mercasevilla. Barberá fue quien elevó a la Fiscalía las supuestas irregularidades tras oír la grabación realizada por los hosteleros de La Raza.