Caso de los ERE

Bolaños exculpa al ex diputado Ramón Díaz Alcaraz y a Daniel Rivera de las ayudas a Azucareras Reunidas

  • La instructora destaca que el primero no tenía facultad de decisión sobre las ayudas y que el segundo participó activamente en la recuperación de los pagos irregulares.

El ex diputado Ramón Díaz Alcaraz, en los juzgados de Sevilla El ex diputado Ramón Díaz Alcaraz, en los juzgados de Sevilla

El ex diputado Ramón Díaz Alcaraz, en los juzgados de Sevilla / Juan Carlos Muñoz

Comentarios 4

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra el ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz y contra el ex director general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera, en relación con las ayudas concedidas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén.

En un auto dictado el pasado 30 de enero, la instructora analiza la participación del ex diputado socialista Ramón Díaz Alcaraz y llega a la conclusión de que éste, al igual que la también ex asesora de Empleo María José Rofa, “carecía de facultades decisorias”, dado que ambos tenían la misma función técnica, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional.

La magistrada cita un auto del 29 de diciembre de 2017 de la Audiencia de Sevilla que exculpó precisamente a María José Rofa de la ayudas a Egmasa, al entender que desde su posición de “mera funcionaria no tenía ninguna capacidad de decisión en relación con los hechos que se le imputan”. Y añadía que “una cosa es participar en dicha gestión y otra cosa muy distinta es tener capacidad de contenido decisorio y la capacidad de impedir la adopción de esa decisión, capacidades que son las que tipifican la conducta de un funcionario público tanto en el delito de prevaricación como en el de malversación”.

Los argumentos de la Audiencia son, explica Bolaños, “perfectamente aplicables” a Ramón Díaz Alcaraz, por lo que considera procedente el archivo de las actuaciones contra él.

En el caso de Daniel Alberto Rivera, la juez cita el dictamen de la comisión del Parlamento andaluz que investigó el caso de los ERE y la resolución de la Cámara de Cuentas de 10 de diciembre de 2012 por el que se publica el informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y concluye que de la actuación de este ex director de Trabajo “se desprende más bien que contribuyó al desmontaje del sistema urdido sobre la base de las transferencias de financiación como método irregular de distribución de las ayudas”.

La Cámara de Cuentas destacaba que “con la determinación activa de Rivera” se han revisado de oficio ayudas por importe de más de 67 millones de euros y se ha suprimido el pago de 15.210.253 euros respecto de los beneficiario de pólizas que se consideró que no eran preceptos regulares de dichas ayudas.

La revisión de los procedimientos por parte de la Consejería de Empleo dio lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales 72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas –los conocidos como intrusos- y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas, recoge el auto de Bolaños, que añade que estas 126 personas han percibido más de 12 millones de euros que están siendo reclamados.

Dice la juez que “sin duda Rivera conocía” la forma de actuar con anterioridad en la dirección general de Empleo y “por ello inició, como se constata, una actividad tendente a terminar y corregir dicha forma de actuar”, lo que llevó a la Audiencia de Sevilla a exculparle del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. “Resulta difícil considerar que una persona a la que la Audiencia de Sevilla le atribuye una conducta totalmente contraria al mantenimiento del denominado procedimiento específico, una persona que considera que, por el contrario, realizó todo aquello que estuvo en su mano para acabar con un actuar que consideraba ilícito fuera, en contra de sus propios actos, a realizar pagos a sabiendas de su ilicitud”, razona Bolaños en relación a los pagos realizados por Rivera.

La instructora añade que “resulta más coherente pensar que los pagos se realizaban atendiendo a los límites de revisión de oficio y para garantizar una seguridad y percepción de numerosos trabajadores que tenían derecho a su prejubilación”, y concluye igualmente que no es coherente una conducta como la de Rivera “activa y acreditada en la recuperación de pagos irregulares con la apreciación indiciaria del conocimiento de irregularidad en el pago que él mismo realiza”.

Las ayudas a Azucareras Reunidas de Jaén ascendieron a 1.311.521,78 y fueron concedidas en el año 2006 por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo del Gobierno central después de que esta empresa, ubicada en Linares, se viera afectada por la reestructuración del sector del azúcar y la “reducción de los precios de la remolacha y del azúcar establecido por la nueva reglamentación europea”.

El ERE afectaba a 261 trabajadores -231 de la única fábrica de esta empresa en Linares y 31 de un centro en Madrid- y se suscribió una póliza para 57 empleados que tenían entre 50 y 54 años. De los 1,3 millones de la póliza, el Ministerio de Trabajo asumió el pago de 479.653,61 euros y la Junta hizo cuatro pagos por los 831.868,17 euros restantes.

La Junta de Andalucía suspendió el pago de las prejubilaciones en 2011, cuando estalló el escándalo de los ERE y abrió un procedimiento de información reservada en el que se constató que no había intrusos en esta ayuda.

En octubre de 2016, la juez Bolaños ya acordó el archivo de esta pieza, la primera en la que considera que los hechos investigados “no revisten el carácter de delito” y además no podía considerarse que la subvención concedida sea “injusta”, pero varios meses después la Audiencia estimó el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción y el PP, y revocó dicho archivo, ordenando la continuación de la instrucción.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios