Fraude en la formación

Bolaños acuerda investigar las cuentas en el extranjero de Ángel Ojeda

  • Designa a un perito de la Junta para que analice los productos bancarios del ex consejero de Hacienda

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La juez María Núñez Bolaños, que investiga las ayudas concedidas para cursos de formación a las empresas del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, ha ordenado que se investiguen las cuentas y movimientos de fondos al extranjero del entramado de sociedades de este empresario y ha designado a funcionario de la Junta para que haga un informe pericial.

En una providencia dictada el pasado lunes, la instructora designa al perito Pedro Antonio Zorrero para que proceda al estudio y análisis de las “diferentes cuentas bancarias, productos financieros, movimientos de fondos al extranjero del grupo Prescal y empresas”, así como de las asociaciones y fundaciones relacionadas en esta causa con Ángel Ojeda.

La juez pide expresamente al perito que informe sobre si existe un “trasvase de capitales” entre estas empresas y, en su caso, “se realice un análisis de los mismos”. El perito designado, Pedro Zorrero, pertenece a la Intervención General de la Junta, donde ocupa un puesto de intervención de control financiero.

El ex consejero de Hacienda aseguró en mayo pasado a la juez Bolaños que cumplió la estricta legalidad en la realización de los cursos de formación y añadió que, sin contar el caso de Delphi –donde recibió 33 millones-, la experiencia global de la formación ha sido “la ruina” de su grupo de empresas. En una extensa declaración que se prolongó por espacio de casi tres horas y en la sólo respondió a la Fiscalía y a su abogado, Ojeda cuantificó en cinco millones de euros la cantidad que, según afirma, la Junta le adeuda por la realización de cursos que están “justificados hasta el último céntimo”, y reconoció que desde que saltó el escándalo de la formación “les han ido quitando los cursos, por el tema de la alarma social creada”.

Ojeda subrayó igualmente que los cursos se han dado, que nunca hubo sobrecosto por la contratación de su grupo de empresas, y ha añadido que el beneficiario era “el trabajador o el desempleado, porque él tenía que pagar previamente absolutamente todo y luego la Junta no les pagaba todo lo que tenían que pagar”, manifestó a preguntas de su abogado.

Al inicio de la declaración la juez le imputó delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones, al poner de manifiesto que en esta causa se investigan un presunto fraude que se habría realizado “mediante la contratación de bienes o servicios entre las diferentes entidades o empresas vinculadas a su persona y que justificarían de forma ficticia o fraudulenta gastos a fin de justificar las subvenciones”.

Ojeda defendió ante la magistrada que toda su actividad es “un libro abierto” y ha respetado “siempre la más estricta legalidad”, porque todos los datos eran “públicos y notorios”. Ojeda dijo que su grupo de empresas tenía unos tres millones de euros procedentes de la actividad privada y que presentaba a Hacienda “los ingresos reales”.

Sobre los más de 33 millones de ayudas que recibió para la formación de los ex trabajadores de Delphi, Ángel Ojeda afirmó que el 25 de julio de 209 recibió una llamada del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) convocando a todas alas entidades en Andalucía que tuvieran como objeto social la formación, entre ellas la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), y hubo una reunión a la que asistieron 30 empresas, pero al final sólo ocho afrontaron el “reto” de tener dispuestos con fecha 1 de septiembre las aulas, talleres y personal para dar los cursos, a los que se acogieron 588 alumnos  en una primera fase, más de 300 en una segunda, y 465 en la tercera. El empresario ha dicho que los cursos se impartieron porque los alumnos tenían que pasar por el “huellero” al entrar y al salir, y además se pasaba lista por sorpresa.

También señaló que se dieron más de un millón de horas de formación a los ex trabajadores de Delphi, a una media de “diez euros la hora de curso” que se dio, cuando la Junta o el Estado pagaban 13 euros por esos cursos, con lo que defendió que hizo “los cursos más baratos”.

De los 33 millones concedidos, el ex consejero dijo que 18 millones fueron para el “pago de los trabajadores” en las tres fases del programa, y ha insistido en que “todos los cursos se realizaron hasta el último céntimo”. Ojeda quiso desligar esta ayuda de cualquier intervención de su cuñada, Teresa Florido, que tomó posesión como directora general de Formación Profesional de la Junta dos años después, en junio de 2011.

El imputado se refirió a la empresa Itisa –que según el investigado era la que “normalmente” hacía las obras de adaptación de los locales para talleres-, en la que figura su hijo Marcos Ojeda para decir que esta entidad “se constituyó con Florentino Pérez” e introdujo a su hijo para que fuera “conociendo el nombre de la empresa”, pero en realidad éste “no dirigía nada y lo que estaba era rodando”.

Ojeda explicó que las distintas asociaciones como Humanitas o la Asociación de Empresas Aeronáuticas se crearon para conseguir unos “objetivos comunes que no se pueden conseguir de forma individual”, y añadió que a Humanitas se sumaron posteriormente otras 60 empresas más. Su grupo de empresas, Prescal, que entre 2009 y 2013 prestó servicio a Humanitas –como servicio externo docente-, ha tenido 17.500 clientes privados y más de 3.000 proveedores, son algunos de los datos que ha ofrecido Ojeda a la juez.

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