El CSN detecta fugas radiactivas en residuos que gestiona la Junta en Huelva

  • El material, cesio-137 procedente del accidente de la factoría de Acerinox de 1998, se depositó en las marismas de Mendaña · El Consejo mantiene que el impacto sobre la población "no es significativo"

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Los residuos contaminados con cesio-137 depositados en las marismas de Mendaña en Huelva no están eficazmente aislados del exterior y se han producido fugas, aunque se circunscriben a las proximidades de la zona en la que fue depositado el material. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reconoce estos hechos en un informe elaborado recientemente en el que asegura que el impacto de la radiactividad sobre la población y el medio ambiente no es significativo "de acuerdo con los valores medidos actualmente". Eso sí, entiende que deberán implantarse medidas para garantizar la protección humana y medioambiental a largo plazo.

La presencia de cesio-137 en las Marismas de Mendaña se retrotrae al accidente en la planta de Acerinox de Los Barrios (Cádiz), ocurrido en 1998, cuando se produjo la fusión de una fuente de cesio que contaminó las escorias, hornos y otros equipos de la fundición. Parte de este material llegó por error a un antiguo depósito de fosfoyesos que en aquel momento la empresa pública Egmasa (dependiente de la Consejería de Medio Ambiente) estaba cubriendo con residuos inertizados para su recuperación. Cuando se descubrió el error se retiraron 341 toneladas de material radiactivo, mientras otras 4.857 quedaron en Mendaña sometidas a un programa de control por parte de Egmasa y bajo la supervisión del CSN. Sin embargo, el pasado año Greenpeace denunció la existencia de fugas radiactivas al río Tinto, algo que según la organización ecologista queda confirmado por este informe del Consejo.

Según el documento, los datos recogidos dentro del programa de vigilancia iniciado en 2001 "parecen evidenciar una falta de eficacia en el confinamiento de los materiales contaminados". El Consejo reconoce que existen "flujos hipodérmicos de agua" que parecen entrar en contacto con el material contaminado y "en forma de regueros y rezumes afloran en el canal de recogida de aguas [estero] y registran las concentraciones más altas medidas en la zona". Además, no descarta que existan otros puntos en los que haya quedado acumulada contaminación residual y señala que el valor más elevado de cesio se detectó en una zona alejada de los frentes en los que supuestamente se depositaron los residuos, lo que "hace necesario investigar su origen".

El Consejo concluye que las actuaciones llevadas a cabo para el control del material contaminado con cesio-137 "no han sido efectivas". Cuando el CSN decidió dejar en las marismas de Mendaña las toneladas de material menos contaminado, se le encargó a Egmasa el control de estos residuos cubriéndolos con una capa de arcilla, evitando el uso de los terrenos y realizando un plan de vigilancia de la contaminación radiactiva con la toma periódica de muestras y la elaboración de informes que serían remitidos al CSN. Este plan comenzó en 2001, pero en enero de este año el Consejo aseguró que la propuesta de control no había sido "ejecutada correctamente".

El Consejo va más allá en sus críticas a la labor de Egmasa y señala que fue en 2005 cuando los representantes de la empresa informaron por primera vez "de que no se había realizado el cubrimiento total de los inertizados". Asimismo, afirma haber detectado "importantes carencias de información". Entre ellas, el hecho de que hasta agosto de 2007 el CSN no tuviese conocimiento de los resultados de varias tomas de muestras de 2003. Este diario se puso ayer en contacto con Egmasa pero la empresa se remitió a las declaraciones realizadas la pasada semana en las que se mostraba de acuerdo con las nuevas medidas de protección reclamadas por el CSN y afirmaba haber ejecutado "lo que este organismo le ha venido indicando desde que se produjo el suceso".

El CSN ha instado al Ministerio de Industria a que emita una resolución requiriendo a Egmasa diversas actuaciones y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló ayer que "el Gobierno está estudiando el informe". Greenpeace plantea querellarse contra Egmasa.

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