El Defensor del Pueblo andaluz ha pedido que se investigue el procedimiento por el cual concedía las ayudas el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los ERE.

La investigación persigue esclarecer el perjuicio causado, al parecer, por una falsa promesa a una empresa, una desmotadora de algodón con  una importante producción en la comarca de Las Cabezas de San Juan.

El Defensor relata que en 2005 se recibe a instancia del alcalde del municipio la queja de un empresario que asegura que en 2004 firmó "con el acuerdo y aval" del entonces consejero del  Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Javier Guerrero, una serie de créditos con tres entidades financieras por unos 10 millones de euros  a recibir en dos meses. Sin embargo, el IFA no hizo frente a estas operaciones prestando su aval. Los créditos vencieron, generando grandes intereses. Las entidades financieras embargaron los bienes de la empresa.

La empresa quiso que la Junta asumiera este coste, pero la Agencia de Innovación (Idea, que sustituyó al IFA) contestó que no existía ese acuerdo, y alegó que la empresa era agrícola, lo que no es objeto de actividad de  esta agencia, y que la ley impedía conceder un aval superior a 1,8 millones para una sola empresa. La empresa, que tenía su patrimonio comprometido por ese aval, se fue a la quiebra. El Defensor archivó la queja.

Pero en abril de este año la empresa ha vuelto a acudir al Defensor, con un escrito en su poder de enero de 2007, donde Javier Guerrero -como director general de Trabajo- asume el importe de la deuda pendiente con esta empresa y da orden a una entidad financiera para que la solvente "con el ánimo de resolver el problema que se plantea".  Este documento consta en los archivos de Empleo, aunque la califican como "mera comunicación, no una resolución administrativa". A juicio de la empresa, este nuevo documento acredita la veracidad de la denuncia presentada en 2005. 

Por todo ello el Defensor pide a la Junta que investigue si existe constancia documental del antiguo escrito y que determine si hay responsabilidad administrativa, o penal, en el daño causado a esta empresa y a terceros.