Cien días del primer Gobierno de Susana Díaz, cien días marcados por la propia presidenta de la Junta más que por su equipo. Por su nuevo estilo, del que dio buena cuenta ayer al valorar los primeros cien días de su Ejecutivo. Autocrítica e, incluso, un tirón de orejas en público a un consejero, al de Economía, José Sánchez Maldonado, por no haber hecho público el balance del plan de choque contra el desempleo. Al ser preguntada por qué no se conocían estos datos si una de sus banderas era la transparencia, respondió: "También yo se lo he preguntado al consejero en el Consejo de Gobierno de hoy, más cuando el plan ha servido para mantener y crear 9.414 empleos". "Y aunque no fueran buenos datos, también debieron ser públicos", sentenció. Aviso a navegantes.

Susana Díaz anunció que el dinero que la Junta consiga de la devolución de fondos malversados se destinará a la creación de empleo juvenil. Cuando se le recordó que fue el PP el que solicitó que el dinero de la devolución de los ERE figurase en los Presupuestos, Díaz no lo negó, pero aseguró que ella mejoraba ahora la propuesta porque no sólo se recoge en las cuentas públicas de la Junta, sino que se destinará a la creación de empleo. Es bastante difícil conseguir de un político en el poder que admita que una de sus medidas está inspirada en alguna propuesta de la oposición. O al contrario.

¿Qué es dinero malversado? Según la presidenta, todo aquél que no se haya empleado para lo que fue destinado. "Hasta el último euro", repitió en varias ocasiones. 

De momento, la Junta no ha hecho caja con el dinero defraudado con los ERE ni con las facturas falsas de UGT, aunque a este sindicato le solicitará, por medio de dos expedientes casi finalizados, un total de 1,8 millones de euros. En el caso de los ERE, la Junta tiene 6,1 millones de euros reclamados en fase de apremio y 17,7 millones de euros en expedientes abiertos, pero en una fase anterior. Aunque la presidenta no detalló cuánto dinero conseguirá por este concepto, en el proyecto de Presupuesto de 2014, y en el epígrafe de reintegro por operaciones de pagos indebidos , figuran 160 millones de euros. En este capítulo se calcula tanto la devolución por ayudas, claramente,  fraudulentas como otras no justificadas de acuerdo con criterios administrativos no necesariamente penales.

El total de los expedientes abiertos a UGT ascienden a 7,5 millones de euros, aunque el sindicato aún tiene tiempo para alegar. El cobro de los primeros 1,8 millones está más asegurado, porque el sindicato ni siquiera alegó durante el proceso, por lo que se han declarado nulas estas subvenciones. Este desinterés provocó el malestar del Gobierno andaluz y de la propia presidenta. Según fuentes socialistas, la firmeza con la que Díaz ha solicitado el dinero a UGT, el sindicato  ligado al PSOE, ha provocado algún que otro roce entre la presidenta y algunos miembros de la Ejecutiva federal, más condescendientes con la central obrera.

Este caso ha puesto en entredicho los acuerdos de concertación social que ha venido firmando hasta ahora la Junta con los sindicatos UGT y CCOO, así como con la Confederación de Empresarios (CEA). Susana Díaz mantuvo que "revisará" en profundidad el sentido y contenido de estos acuerdos. Sin llegar a cuestionar su utilidad, afirmó que "abriré en canal" todo lo relacionado con este asunto. "Cuando hablaba de un nuevo modelo productivo, hablaba de no dar nada por sentado y de abrir la economía andaluza en canal, revisando todas las herramientas, entre ellas, la concertación social", señaló.

Si por algo se ha distinguido la presidenta en estos primeros meses de mandato es por sus propuestas en materias de transparencia y lucha contra la corrupción en un clima, realmente, desfavorable con una opinión pública sensibilizada por la instrucción judicial de los ERE y por el caso de UGT. A partir del próximo martes, el Consejo de Gobierno de la Junta publicará un día antes el orden del día de sus reuniones, así como los expedientes que sustentan la toma de decisiones. Además, la presidenta anunció que en enero comparecerá ante el Parlamento andaluz. Lo hará dos veces al año, tal como se comprometió en su discurso de investidura.

El mandato de Susana Díaz se articula en cuatro grandes pilares: transparencia y ejemplaridad de la vida pública; mantenimiento del Estado de bienestar, y creación de un "nuevo modelo productivo" andaluz para crear empleo. Es este último punto el que aún presenta más dudas, puesto que nadie ha explicado, al menos, en qué consiste esta transformación anunciada con tan exigente título. La Junta sí aprobó un programa de créditos blandos para pequeñas y medianas empresas dotado con 150 millones de euros, aunque se aplicará a lo largo de tres años.  Para 2014, el plan cuenta con 58 millones de euros. Sí adelantó que, finalmente, se creará un instituto de crédito andaluz para favorecer el movimiento económico y que el ente tendrá ficha bancaria.  Además, el próximo 7 de enero, el Consejo de Gobierno verá el informe para mejorar la agilidad burocrática. Según la presidenta, este estudio dictaminará qué barreras se pueden eliminar en la Junta y qué medidas deben adoptarse para facilitar la creación y el trabajo de las empresas. Ello se plasmará en una ley que deberá aprobarse a lo largo del próximo año. En el campo del Estado de bienestar, Díaz reivindicó que la Junta no ha eliminado ninguna de sus servicios sanitarios ni ha cerrado, como se acusó desde la Comunidad Valenciana, ningún centro de salud. "Ni ningún colegio", apostilló.