La Junta de Andalucía cifra en 693.600.374,03 euros los fondos otorgados entre los años 2001 y 2010 a la partida presupuestaria 31L, investigada por la juez Mercedes Alaya en el caso ERE. Así consta en un documento que el viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, envió en mayo de 2011 a la juez para el sumario sobre un delito societario en Mercasevilla, que ha sido incorporado a las diligencias del caso ERE.

El consejero de Economía, Antonio Ávila, estimó en agosto en el Parlamento que del total de las ayudas, un 3% -17 millones- podría estar relacionado con fraudes.

Mañas explica en el texto conocido ahora el proceso administrativo de asignación de las ayudas y concluye que, una vez consignadas, es "estricta competencia" del director general de Trabajo, en este caso Francisco Javier Guerrero, que ocupó el cargo entre 1999 y 2008, "la elección del sistema de gestión de las ayudas, que indudablemente determina el proceso que haya de seguirse por la Administración". El propio Guerrero calificó, en sus declaraciones a la Policía, como "fondo de reptiles" estos fondos de la partida 31L, que Mañas cifra en 693 millones de euros en nueve años, con las mayores partidas en 2008 (87 millones) y 2006 y 2007 (86 millones en ambos casos).