La FAMP y el PSOE arremeten contra el "intervencionismo" local de Montoro

  • Los socialistas piden a Hacienda que deje a los ayuntamientos libertad para invertir el superávit

  • Villalobos llama al diálogo con los municipios que tardan en pagar a proveedores

Un operario trabaja en la fachada del Ayuntamiento de Jerez, uno de los que ha pasado por mayores dificultades financieras. Un operario trabaja en la fachada del Ayuntamiento de Jerez, uno de los que ha pasado por mayores dificultades financieras.

Un operario trabaja en la fachada del Ayuntamiento de Jerez, uno de los que ha pasado por mayores dificultades financieras. / pascual

Los ayuntamientos con superávit podrán aprovechar ese remanente y reinvertirlo en proyectos para sus municipios. Era una reclamación recurrente de los gobiernos locales a Cristóbal Montoro hasta que el jueves el Congreso aprobó el decreto que liberará 5.000 millones de euros en todo el país. Pero en el PSOE andaluz y en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) están descontentos con la labor del ministro de Hacienda y Función Pública.

La secretaria de Política Municipal de los socialistas andaluces, María Jesús Serrano, acusó ayer a Montoro de seguir instalado en "su estrategia de asfixia a los ayuntamientos e intervencionismo en la autonomía local". Según la dirigente socialista, "es preciso que el Gobierno de Mariano Rajoy abandone su postura de excesivo intervencionismo" y "dé mayor capacidad de ordenación de sus políticas y finanzas a los gobiernos locales, evitando seguir manteniendo instrumentos de tutela que son exagerados". A su juicio, este sistema lleva "al absurdo" de que habiéndose convalidado el mencionado decreto los ayuntamientos sólo pueden gastar el superávit en inversiones muy concretas, "cuando deberían poder decidir libremente cómo destinar estos fondos". "Es contradictorio que haya ayuntamientos que teniendo superávit no puedan destinarlo a atender operaciones de tesorería con todas las garantías", añadió la política cordobesa.

Ante este escenario, Serrano incidió en que "si Montoro amenaza la retención de parte de los ingresos del Estado que corresponden a los gobiernos locales, afectaría, entre otras muchas cuestiones, al pago de las nóminas de sus plantillas, dejando de nuevo maltrecha a la Administración más cercana a la ciudadanía y con más intensidad de gestión de servicios públicas para ella". "Es preciso lealtad y compromiso institucional" para solventar esta situación "de la manera menos gravosa y más factible, para que ni proveedores, ni empleados, ni vecinos, se vean afectados", apostilló Serrano.

Por su parte, el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, pidió al Ministerio de Hacienda diálogo con los trece ayuntamientos españoles -entre ellos ocho andaluces- afectados por el incumplimiento de plazos de pago a proveedores. Según la federación municipal, Montoro ha dado un "ultimátum" para que corrijan en quince días el incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores con la advertencia de que, si no lo hacen, se les detraerán cantidades para el pago a proveedores de los ingresos que reciben desde el Gobierno".

Villalobos emplazó al Ministerio de Hacienda a que, "en la línea de diálogo que ha mantenido últimamente con las corporaciones locales, que ha dado como fruto la aprobación del decreto para aplicar el superávit, mantenga ese talante de diálogo para buscar soluciones a medida para esos ayuntamientos afectados. En Andalucía estas corporaciones son los ayuntamientos de Jaén, Jerez, Granada, Huelva, El Puerto de Santa María, Chiclana, Algeciras, Vélez Málaga y la Diputación de Cádiz.

El presidente de la FAMP se mostró confiado en que "a la aprobación del decreto para aplicar el superávit le sigan gestos como el de buscar planes de viabilidad financiera para los consistorios afectados". "Ningún ayuntamiento quiere deber facturas a sus proveedores, por lo que la solución pasa por conjugar esa necesidad perentoria de pago a los que proveen con la ineludible responsabilidad de continuar dando servicios públicos de calidad a sus vecinos", sostuvo. Y para eso, según Rodríguez Villalobos, lo mejor "será sentarse en una mesa el Ministerio y los afectados y arbitrar una hoja de ruta, a largo plazo, que los saque de la situación en la que se encuentran"

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