La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó ayer a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, que adopte una "decisión" sobre su futuro al entender que se encuentra en una situación "muy comprometida" por su imputación en el caso de los ERE.

"Desde el Gobierno hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que no afecte a los estados que la designaron y, lo que es más importante, a esa institución que es clave y fundamental en el entramado institucional europeo", aseguró Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El único llamamiento a Álvarez como vicepresidenta de este organismo por parte del Ejecutivo español había sido el del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien apeló "a la responsabilidad de todos" y le sugirió que tomase una decisión.

El mensaje de Sáenz de Santamaría ayer fue más explícito. Para la vicepresidenta del Gobierno, la situación de Magdalena Álvarez es "cada vez más comprometida", al tiempo que insistió en la responsabilidad que tiene la ex ministra socialista tanto con los estados que la designaron en el BEI -España y Portugal- como con la institución de la que forma parte.

"Lo mejor que podría hacer, y así se lo pide el Gobierno, es valorar su propia situación", insistió Sáenz de Santamaría, que recordó que el BEI tiene sus propios "mecanismos" para solucionar este tipo de contingencias que, alertó, pueden afectar a su "prestigio".

En los últimos días, fuentes del Gobierno han asegurado que esperan que sea la propia ex ministra y ex consejera de la Junta la que abandone voluntariamente su puesto de vicepresidenta del BEI tras haber confirmado la Audiencia de Sevilla su imputación en el caso de los ERE.

El pasado miércoles, el juzgado de instrución número 6 decretó el embargo de seis bienes inmuebles y cinco cuentas corrientes de la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez para garantizar el pago de la fianza que le impuso de 29 millones de euros por su imputaciónen el caso de los ERE fraudulentos.

La Audiencia tumbó la primera imputación de la ex ministra al considerar que la acusación de la juez no estaba suficientemente argumentada. A diferencia de la fallida acusación anterior, la Audiencia estima que la nueva resolución que dictó la instructora está fundada. El tribunal advierte que la técnica de las transferencias de financiación fue "precisamente instaurada siendo titular de la Consejería de Hacienda la apelante, que lo fue desde el 2 agosto de 1994 al 7 febrero de 2004, y que se mantuvo durante unos 10 años" a pesar de las repetidas advertencias del interventor de la Junta y del "incremento continuado del déficit".