En la noche de ayer los sindicatos CCOO y UGT comunicaron un preacuerdo con la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la modificación del decreto 5/2010 de reordenación del sector público andaluz, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Junta y de los sindicatos. En la reunión, que se prolongó durante más de cinco horas y sucedió a las reuniones que vienen convocándose desde el lunes, asistieron el viceconsejero de Hacienda y Administración Pública, José de Haro, y el director general de Función Pública, José Ortiz.

Los sindicatos CCOO y UGT fueron llamados a reunión en el marco del acuerdo de concertación. El sindicato mayoritario en la Mesa de Función Pública es CSI-CSIF.

Los representantes sindicales de UGT y CCOO consideraron que el preacuerdo con la Junta supone "una modificación y una corrección del decreto ley". Entre las propuestas de las dos centrales sindicales cabe destacar la extensión de la voluntariedad de los traslados al personal laboral, ya que el decreto sólo recogía esta posibilidad para los funcionarios. También, según comunicaron los representantes de estos sindicatos, "queda claro que el personal de las agencias, sea cual sea su procedencia, será un empleado público de la Junta pero sometiéndose a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad, por lo que se deberán articular procesos de selección como oposiciones o concursos, que deberán quedar reflejados en el texto", según indicaron las mismas fuentes. CCOO tiene entre sus reclamaciones que el personal que procede de las empresas públicas sea sometido a una prueba para su acceso a la Administración. "Que entre quien valga", dijo Francisco Carbonero, secretario general de CCOO, a esta redacción el pasado domingo.

Asimismo, las partes se han comprometido a "mantener la negociación colectiva", de forma que "se garantizarán los convenios colectivos actuales" y se creará una mesa de negociación con la participación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para "unificar la negociación colectiva en el sector público". De esta forma, inicialmente se van a mantener los convenios "pero en un futuro habrá un compromiso de regular y unificar las relaciones laborales".

Los representantes de CCOO y UGT señalaron que con estos cambios "se modificará el decreto ley y las normas que sean necesario cambiar" y prevén que las modificaciones en el decreto ley se efectúen "a través de la Ley de Acompañamiento de Presupuestos".

Para el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, con este preacuerdo se consiguen "salvar escollos, se garantiza una negociación colectiva de futuro y se garantizan los derechos de los trabajadores", de forma que este preacuerdo "supone el triunfo del sindicalismo de clase, conservando los derechos de los empleados afectados por el decreto".

"Nos parece estupendo que la Junta haya contemplado íntegramente la propuesta presentada por CCOO y UGT y que ha sido aceptada; estamos satisfechos con dicho preacuerdo", aseveró Tirado. Por su parte, el secretario general de FSC de CCOO-A, Felipe Falcó, destacó que el texto "dota de bastante fortaleza jurídica al decreto ley contra los recursos que se han presentado", por lo que, según comentó, "los recursos se pueden quedar sin objetivo y sin efecto, por lo que es posible que desistamos de los recursos presentados". El preacuerdo está pendiente de ser ratificado por las partes y será firmado por la consejera del ramo, Carmen Martínez Aguayo, y por los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y UGT-A, Manuel Pastrana, previsiblemente a inicios de la próxima semana.

Aguayo se mostró esta semana dispuesta a modificar el decreto "si hay algún fleco no bien recogido". CSI-CSIF o el Sindicato de Funcionarios (Safja) reclaman la derogación del decreto ley.