Eliminación de las empresas intermediarias, y sus consiguientes comisiones; pagos directos de la Junta a los nuevos prejubilados sin necesidad de contar con las aseguradoras; fiscalización previa de las ayudas, y mayor control sobre el destino del dinero y de las condiciones para recibirlo. La Junta aprobó ayer un decreto ley que refuerza el control administrativo sobre las ayudas que se conceden a trabajadores de empresas y sectores en crisis, las también conocidas como prejubilaciones públicas de los afectados por los ERE. La norma responde a dos necesidades urgentes que debía resolver la Junta: pagar las prejubilaciones a trabajadores de Santana y a los afectados por la quiebra de la aseguradora APRA Leven y, de otro, la renovación de las pólizas de los beneficiados por ayudas a antiguos ERE. En total, suman 7.083 ex trabajadores: 5.700 de las ayudas a los ERE que aún se consideran vivos -es decir, personas que aún no han cumplido los 65 años y que en su día se beneficiaron de las ayudas sociolaborales de la Junta- y 1.383 nuevos, básicamente procedentes de Santana (son 1.011) más 15 de Delphi, 12 de Boldiden, varios de Astilleros de Sevilla y de 18 empresas que estaban afectadas por la liquidación de APRA Leven.

La Junta pagará a los primeros, a los de Santana y demás afectados,  224,9 millones de euros y alrededor de 350 millones de euros para las renovaciones de las pólizas, y calcula que se ahorrará 7,5 millones de euros en la eliminación de las comisiones de intermediación a las aseguradoras.

Estos pagos a terceros han sido uno de los elementos más criticado en el caso de los ERE, que se desarrolla en dos vertientes: en la judicial, cuyo proceso dirige la juez Mercedes Alaya, y en la comisión de investigación parlamentaria.

El decreto ley, tal como explicó ayer el consejero de Economía, Antonio Ávila, responde a una norma de "máximo rango". Esta aprobación viene a corregir algunos de los defectos apreciados en el sistema que la antigua Consejería de Empleo ideó para pagar a trabajadores afectados por empresas en crisis. Por ejemplo, y a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, los reconocimientos del derecho a las ayudas estarán sometidas a fiscalización previa y la justificación se producirá durante el primer tramo de cada año. Hasta ahora, la Intervención no tenía que dar su autorización antes de la concesión de estas rentas, lo que motivó que no fuera hasta el año 2003 cuando apreciase irregularidades en este sistema y lo encontró debido a que realizó una auditoría de la agencia IDEA. El modelo comenzó en el año 2001,  pero las advertencias de la intervención tampoco evitaron las irregularidades.

Ahora, la Junta corrige errores  del pasado que no han pasado inadvertidos al PP. Para Alicia Martínez, viceceseretaria de Territorio del PP andaluz, "con este decreto se asume, por tanto, el error de procedimiento que supuso y generó todo el fraude de los ERE, y esto es justamente todo lo contrario que los socialistas han venido defendiendo en la comisión de investigación".  Con todo, esta parlamentaria popular ha dado la bienvenida a este decreto porque es "muy positivo que se eliminen de una vez los comisionistas" y porque, a su juicio, "si esto se hubiera hecho desde un principio, es decir, en cuanto a la Junta se le advirtió de la falta de controles previos, se hubiera ahorrado mucho dinero". 

En un plazo de un mes, según el consejero Antonio Ávila, la Junta comenzará a pagar a los 1.383 beneficiarios de las ayudas sociolaborales, básicamente los de Santana, y lo hará de modo directo; es decir, que no habrá intermediarios, pero tampoco aseguradoras. Además, abonará la cantidad de 224,9 millones de euros a razón de 14,9 millones cada año durante un total de 14, lo que le procurará un alivio a la tesorería de la Junta.  Antes, se pagaba en menos plazos. Por otra parte, se renovarán las pólizas con las aseguradoras del resto de los beneficiarios (los 5.700), pero sin intermediarios ni comisiones para éstos.

 En los dos casos citados los ex trabajadores deben cumplir los mismos requisitos: las rentas no sobrepasarán la pensión máxima del régimen general de la Seguridad Social; no cobrarán otras ayudas públicas y, en caso de trabajar por cuenta propia o ajena, la suma de ambos conceptos no puede ser mayor a una cantidad equivalente a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. Las ayudas cesarán en el momento de cumplir la edad de jubilación, cuando no se atiendan las llamadas como demandante de empleo  o si se incurren en las incompatibilidades citadas anteriormente o en el falseamiento de los datos.