La Junta elimina al personal de Faffe de la ley para fomentar el empleo

  • El Parlamento tumbó la pasada semana la iniciativa tras descubrir que pretendía blindar a estos empleados dentro del SAE

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Es difícil recordar un precedente en que la Junta reaccionase tan rápido a un varapalo recibido en el Parlamento. Sobre todo, porque no solía llevarse disgustos cuando llevaba sus leyes a la Cámara. En esta legislatura, en la que gobierna en minoría, ya ha conocido por dos veces el amargo sabor de la derogación. La última experiencia la padeció el pasado miércoles con una ley centrada en facilitar el acceso de todos los ayuntamientos a los distintos planes de fomento del empleo en marcha, aunque tengan deudas con Hacienda o la Seguridad Social; o condenas por despido improcedente.

Los grupos de la oposición estaban más o menos de acuerdo en dar luz verde a la norma. Hasta que descubrieron que ocultaba una disposición adicional por la que se permitía a los antiguos empleados de la extinta Faffe, que actualmente están registrados en el SAE, realizar funciones hasta ahora reservadas a los empleados públicos. La oposición en bloque, incluido Ciudadanos, que suele ser el apoyo fundamental por el que el PSOE saca adelante este tipo de medidas, reaccionaron al ver en esta disposición la burda intención de "meter a los enchufados por la puerta de atrás de la Administración" y tumbaron la propuesta en el Parlamento entre quejas de "falta de transparencia y de diálogo".

La rectificación ha sido rápida. No ha llevado ni una semana: la Junta ha eliminado la polémica disposición. Además, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, anunció ayer tras el Consejo de Gobierno su intención de abordar con el resto de grupos políticos el problema de los empleados de la extinta Faffe. Montero aseguró que la Junta no va a otorgar "potestades públicas" a ningún empleado procedente de la Faffe, pero que es "una obligación otorgarles funciones porque se les está pagando el salario". Según la consejera, la oposición ya se ha mostrado favorable a buscar una solución para este colectivo que ronda los 1.800 trabajadores.

El Consejo de Gobierno cree necesario tramitar con la máxima urgencia el nuevo texto de la ley, sin la disposición de los empleados de la Faffe, con el fin de poner en marcha cuanto antes las contrataciones que realizarán parte de los ayuntamientos a través de varios programas de empleo actualmente en vigor.

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