Andalucía

La Junta cobra en el recibo del agua 63 millones por obras no ejecutadas

  • El Colegio de Ingenieros de Caminos denuncia que no se aplica esa recaudación

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Un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ciccp) denuncia que la Junta ha cobrado a los andaluces más de 63 millones para inversiones en infraestructuras hidráulicas no ejecutadas.

El cálculo se desprende de los datos contenidos en este documento, titulado Informe sobre la situación de la depuración de las aguas residuales. Si se asigna un consumo medio diario de 140 litros por habitante y día y el precio del canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas asciende a 0,03 euros por metro cúbico más un euro por vivienda, el Ciccp estima que la Junta de Andalucía ha ingresado desde mayo de 2011 hasta mayo de este año un mínimo de 12,9 millones por consumo y como mínimos 50,4 millones, partiendo de dos habitantes por cada vivienda, por cuota de servicios. En total, en un año, la Junta habría recaudado por ese canon unos 63,3 millones de euros. Y, en el informe del Colegio, se asegura que ese plus, que se ha cargado a los ciudadanos en la factura del agua, debería haberse utilizado para costear obras de depuración y saneamiento en el territorio andaluz "en las que no se está invirtiendo y que paradójicamente están reprogramadas por falta de financiación".

El Colegio de Ingenieros se pregunta, por tanto, "dónde van a parar los millones que mes a mes siguen encareciendo los recibos de todas las familias de Andalucía" y cómo es posible que se reprogramen estas obras habida cuenta de que para el año 2015 todas las aguas de Andalucía tienen que ser depuradas atendiendo a la Directiva Marco del Agua de diciembre de 2000. Según sus cálculos, si se mantiene esta política recaudatoria, en los próximos tres años se habrán cobrado más de 300 millones de euros. El canon autonómico, o canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad, se estableció en la Ley de Aguas de Andalucía 9/2010 de 30 de julio y grava la utilización de agua de uso urbano directamente en la factura o recibo de cada ciudadano y los fondos recaudados deben destinarse a financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento y que, según el Colegio de Ingenieros, "se han quedado en papel mojado". La mayoría se localizan en la provincia de Granada, donde, según señala el estudio del Colegio, la antigua Consejería de Medio Ambiente no licitó ninguna obra de depuración durante 2010, 2011 y lo que llevamos de 2012, "política no inversora que continua la actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente aunque sí les ha cobrado a los ciudadanos para ello". De hecho, "un año después de anunciar este plan de depuración en la provincia de Granada no se ha comenzado ninguna" de esas actuaciones y "a día de hoy, todas las obras de depuración de Andalucía que dependen de la Agencia de Medio Ambiente y Agua están reprogramadas". Según sus cálculos, el plazo medio para la licitación, adjudicación, redacción del proyecto de la depuradora y construcción de la instalación supone un plazo de 20 meses, por lo que los tiempos marcados por la directiva europea "quedan muy comprometidos".

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