La readmisión de unos, conlleva la pérdida de trabajo de otros. La enconada polémica que libran los monitores escolares con la Consejería de Cultura, Educación y Deporte que dirige Luciano Alonso tiene un nuevo capítulo. Ahora el colectivo de Monitores Escolares Titulados, apoyado por los sindicatos Ustea, CSIF y CGT, denuncia ante el Defensor del Pueblo la readmisión de la plataforma Apoyo Administrativo (SOS Monitores), que representa a unos 840 trabajadores que volverán a sus antiguos puestos de trabajo una vez que la Junta ha decidido tomar esta opción en lugar de indemnizarlos, que era la otra vía que se planteaba en las primeras 16 resoluciones emitidas por los juzgados de lo Social 1 y 2 de Córdoba. Sentencias que la presidenta Susana Díaz se comprometió a no recurrir.

Para el colectivo Monitores Escolares Titulados, "la Junta acuerda readmitir a los SOS monitores como monitores escolares, categoría donde nunca estuvieron contratados por sus empresas y para ellos van a dejar fuera a los que actualmente están contratados temporalmente como empleados públicos por un plan de choque hasta que se creen los puestos en la Relación de Puestos de Trabajo y van a contratar como indefinidos a los que en su día fueron contratados a dedo como auxiliares administrativos por las empresas privadas subcontratadas" por la Junta. Según este colectivo, "el mérito para ello es que un día alguien los eligió a dedo para trabajar contratados por una privada como auxiliar en un colegio público, servicio que nunca debió ser prestado por una privada y después de ocho años, no sólo han estado ocupando un puesto que debió ser público, sino que reivindican un derecho a ser ellos los que tienen la prioridad para seguir ocupándolo".