La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la causa por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos concedidos por la Junta, ha acordado la prórroga de la complejidad de la instrucción de dos piezas separadas, en concreto, las abiertas por las ayudas sociolaborales a los empleados del restaurante sevillano Río Grande y por el ERE de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), que recibió una ayuda de 2,5 millones de euros.

En dos autos, con fecha de 2 de abril de 2018, la juez instructora acuerdo prorrogar la declaración de especial complejidad de dos de las piezas separadas en el marco de la investigación de los ERE, tras recibir escrito del Ministerio Fiscal en éstas solicitando dicha prórroga. Núñez Bolaños señala que el nuevo artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la ley Orgánica 41/2015, de 5 de octubre, establece que si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la misma será de 18 meses, que el juez instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.

La juez indica en los autos que en las presentes causa se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados que exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación precisando de la revisión de a la gestión de personas jurídico-públicas y privadas. Por todo ello, considera "indudable" que procede acceder a la petición formulada por la Fiscalía y acuerda declarar la prorroga de la complejidad de la instrucción de estas tres causas.

Precisamente, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha señalado para este jueves, 12 de abril, la declaración del director general de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Javier Thibault, en calidad de testigo en la pieza separada que investiga el ERE en el restaurante Río Grande. Esta nueva citación se produce con motivo de la suspensión de la inicialmente fijada para el día 15 de febrero por la imposibilidad de realizar la declaración por videoconferencia, según comunicó el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid a la juez instructora.

Estas testificales se encuadran en la pieza del ERE de Río Grande. Cabe recordar que la instructora, en el auto por el que abrió esta pieza, relata que fue el 15 de julio de 2005 cuando Carmen García, administradora de la empresa, presentó en la Delegación de Empleo un ERE que afectaba a doce de los 33 trabajadores de la sociedad.