Presentan al Defensor del Pueblo 31.000 firmas contra el Impuesto de Sucesiones

  • La Asociación STOP Impuesto Sucesiones ha pedido amparo a la oficina que dirige Maeztu. Plantean la posibilidad de declarar este tributo como "anticonstitucional".

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu / M.G.

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El presidente de la Asociación STOP Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, ha presentado este martes en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz una petición de amparo ante los "constantes abusos" de la Junta por el cobro del Impuesto de Sucesiones, solicitud avalada por más de 31.600 firmas.

Según informa la citada asociación en un comunicado, dichas firmas han sido recogidas en poco más de dos meses y el escrito entregado recoge el "malestar" de los firmantes y eleva la posibilidad de declarar este tributo como "anticonstitucional".

La Asociación STOP Impuesto Sucesiones nació hace tres meses con el único objetivo de conseguir la supresión de este tributo en Andalucía, según explica la nota, en la que se denuncian las "desigualdades" por el cobro de este impuesto, cedido por el Gobierno central a las autonomías.

Así, según la asociación, las diferencias se han acentuado de tal forma que en Andalucía se paga por heredar de los padres "cien veces más que en la Comunidad de Madrid o mil veces más que en Canarias".

"Esta diferencia fiscal entre territorios infringe el principio constitucional de igualdad, entendido como un derecho fundamental de todos los españoles", considera la asociación, que se queja del "enorme agravio comparativo" a los ciudadanos que residen y trabajan en Andalucía.

Al mismo tiempo, considera que causa "graves situaciones de riesgo", tanto económicas como psicológicas, de los afectados, motivo por el que se han dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz "solicitando amparo y justicia".

En su queja, la plataforma de afectados pone a disposición de la Oficina del Defensor "cientos de casos concretos sobre situaciones injustas padecidas por los afectados".

"Historias reales, con nombres y apellidos, de residentes y trabajadores de Andalucía, que no estarían ocurriendo si hubiesen residido y trabajado en Cantabria, Madrid, o Canaria", recalca la citada entidad.

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