Rivera rompe en liberal

  • El líder de Ciudadanos minusvalora el acuerdo de financiación en el Parlamento: "Es muy fácil pedir siempre más"l Los naranjas le dan a Susana Díaz de plazo hasta otoño para aprobar una nueva ley electoral y otros cambiosl La presidenta responde que "desde Madrid" no se decide cuándo se convocan las elecciones andaluzas

Comentarios 2

Las llamadas de los gobiernos a los consensos universales suelen esconder, más allá de las pretendidas buenas intenciones, otras celadas para la oposición, porque en demasiadas ocasiones lo buscado es la contradicción del contrincante, su feo retrato ante la opinión pública. La táctica es tan vieja como la política. El acuerdo que el Parlamento está fraguando en torno al nuevo modelo de financiación autonómica también es esto: el PP andaluz, comprometido con el Gobierno central y con el ministro de Hacienda, terminaría quedándose solo como único no firmante del texto. En contra de Andalucía. Pero no ha sido así, quien se ha descolgado esta vez es Ciudadanos, aliado y apoyo del PSOE de Susana Díaz. Su líder, Albert Rivera, ha roto en liberal: la eficiencia por encima de los recursos. El PP votará con el PSOE, con IU y con Podemos, habrá votos particulares, pero en lo básico van a coincidir.

No así Ciudadanos. "Es muy fácil llegar a acuerdos para pedir más". "Me hace mucha gracia eso del consenso andaluz", contestó ayer Rivera en la Cadena Ser, mientras se preguntaba, maliciosamente, si Susana Díaz tenía el consenso de dirigentes de su partido, como la balear Francina Armengol y el asturiano Javier Fernández. Aunque no van a romper el pacto de legislatura por un asunto que no figura en el acuerdo de investidura, Rivera advirtió a Susana Díaz que si en otoño no hay una nueva ley electoral, tampoco aprobarán el Presupuesto de 2019. La presidente andaluza cogió al vuelo el aviso: "Las elecciones andaluzas se deciden aquí, no en Madrid". Dijo desde Sanlúcar de Barrameda. Su plan sigue siendo prolongar la situación hasta 2019.

La diferencia de Ciudadanos con el PSOE es de un profundo calado ideológico

La negociación del nuevo modelo de negociación no es una carta a los Reyes Magos; los problemas de Andalucía no se van a resolver con un mejor trato en sus cuentas ni las inversiones en obra pública van a volver al ritmo del primer decenio de este siglo, por las sencilla razón de que los recursos siempre son escasos. Andalucía puede aspirar, y en eso coinciden todos los partidos de la Cámara, menos Ciudadanos, a acercase a los ingresos de las comunidades mejor financiadas, pero no hay un gran cofre de oro escondido en Madrid a la espera de que el ministro Montoro lo abra para repartirlo entre las autonomías.

Una vez subrayado este importante matiz, que debe enfriar las expectativas que Susana Díaz concentra en este asunto, en lo que parecía que iba a haber acuerdo es que todos los partidos estaban a favor de un sistema más igualitario, y en el que la población real fuese el criterio esencial del reparto del dinero, no sólo para las competencias fundamentales (educación, sanidad y políticas sociales), sino para el resto. El documento consensuado, que lleva la autoría de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, amplía el criterio de igualdad de recursos entre comunidades para todas las competencias. Como instrumento para conseguir más recursos, propone que las comunidades participen en el 75% de los ingresos del IVA que se recauda en el Estado. Esta participación existe ya, en IRPF y en Impuestos Especiales, pero en el caso del IVA, Andalucía propone pasar del 50% actual al 75%. El acuerdo no supone ninguna subida de impuestos, sino de una mayor participación en los ingresos actuales.

Ciudadanos se ha descolgado. Albert Rivera quiere que su partido defienda en todas las comunidades el mismo modelo, y eso es elogiable, pero Ciudadanos ha introducido un criterio corrector del reparto que favorece a las comunidades más ricas. Se llama ordinalidad, la palabra es terrible, pero se explica bien. Pongan en orden decreciente a las comunidades españolas que más ingresan en impuestos por habitante (no es que cada uno de sus ciudadanos pague impuestos más altos, sino que en ese territorio se concentran rentas más altas). Serían: Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares.... Bien, ahora pongan en el mismo orden, decreciente, la lista de comunidades en función de los ingresos reciben del Estado una vez hecho el reparto. Lo que implica la ordinalidad es que si Cataluña es el segundo territorio en recaudación no puede ser, por ejemplo, el quinto en recursos. O que si Andalucía es la penúltima en obtención de recursos, no puede ser la cuarta en gasto. Este principio da carta de naturaleza a los derechos de los territorios por encima del de las personas; al menos, si de lo que hablamos es de un mismo país. La única comunidad que padece este cambio es Baleares, que llega a ser la sexta en recursos a pesar de ser de las más ricas.

Es difícil de comprender por qué un partido tan centralista como Ciudadanos prima a los territorios, aunque en el PSOE opinan que se trata de beneficiar a Madrid y a Cataluña, donde más se recauda por habitante, y donde los naranjas son mayoritarios. Una versión menos conspiranoica es la que se fija en el carácter liberal de Ciudadanos: no acepta que los gobiernos puedan tener recursos ilimitados para prestar los servicios, sino que es la carestía de dinero y el modo de obtenerlo, mediante impuestos, lo que marca el tipo de servicio que una comunidad de puede permitir. La diferencia es de un profundo calado ideológico, donde el PP se muestra más social que su contrincante naranja. De ahí que Rivera sostenga que ellos primen la mejora de la gestión sobre la obtención de recursos o que Juan Marín se haya quejado de que el 34% de la población andaluza esté descontenta con el SAS a pesar de que goza de un presupuesto anual de 9.000 millones de euros.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios