La prestación de los servicios públicos | entrevista. Jesús Sánchez Lambás, Abogado

"Sólo hay motivos ideológicos para 'remunicipalizar' servicios públicos"

  • Este experto insiste en que la internalización supone una infracción a las reglas de la competencia

  • Estima que es necesaria la creación de un regulador estatal de servicios

Jesús Sánchez Lambás, en A25 Abogados, el despacho que dirige en Madrid. Jesús Sánchez Lambás, en A25 Abogados, el despacho que dirige en Madrid.

Jesús Sánchez Lambás, en A25 Abogados, el despacho que dirige en Madrid. / José Manuel Ladra

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Especializado en Derecho para las Empresas, Jesús Sánchez Lambás es uno de los expertos que ha alzado la voz por los perjuicios que las internalizaciones pueden crear en nuestros país.

-¿En su opinión existen razones más allá de la ideología para emprender procesos de internalización de servicios públicos?

-No, aunque doy mi opinión, en realidad es un hecho contrastado. En Holanda se hizo un estudio exhaustivo sobre la gestión de los servicios -agua, limpieza, recogida de residuos...- con una muestra grandísima, prácticamente todos los ayuntamientos de cierto tamaño del país, y el resultado es que la única razón era la puramente ideológica. En el siglo XXI, ya bien avanzado, no hay otra razón. ¿Cuál es el problema? Que hay países como España en los que presentar un recurso exclusivamente por ideología está prohibido por la ley.

-La norma exige regirse por criterios de eficiencia y sostenibilidad.

-Hay dos parámetros esenciales para proteger el interés general. Y como la ley es exhaustiva dice que se materializan en dos conceptos, la eficiencia y la sostenibilidad.

-Sí, es justo lo que le preguntaba.

-La decisión ha de tomarse en base a esos parámetros. En mi experiencia, lo primero que se comprueba es que determinados grupos políticos tienen tomada la decisión previa de internalizar, lo que vulgarmente llaman remunicipalizar un servicio público, y fuerzan, dirigen y orientan todos los expedientes para que el resultado sea que la solución mejor es la gestión directa. A partir de ahí, o bien cancelan las concesiones, o bien cuando éstas llegan a su final no las renuevan y proceden a realizar la gestión de manera directa, desde los propios servicios del ayuntamiento, creando sociedades mercantiles o con entidades públicas empresariales. Pero en general ya tienen la decisión tomada y todo el expediente es un prejuicio para justificarla.

"Las administraciones no están diseñadas para realizar actividades de gestión, de servicios, sino de control y vigilancia"

-En su contribución al libro Re municipalización ¿ciudades sin futuro?, usted añade un tercer pilar a la eficiencia y la sostenibilidad: la competencia. ¿Se merma con la internalización?

-Claro. Es desde la perspectiva sobre qué se lesiona. La competencia es uno de los pilares de la Unión Europa, porque da la garantía de que el ciudadano tiene el mejor precio. Este aspecto en España ha tenido muy buen desarrollo. Somos, como he leído en algún periódico, campeones mundiales en gestión de servicios públicos, con empresas que exportan su capacidad tecnológica para esta tarea y que son muy eficientes. Las hay de muchos tamaños y con distintas especialización y por tanto configuran un mercado. En el momento en que ese tejido productivo se integra netamente en las administraciones públicas, aunque sea con subterfugios de sociedades públicas, el mercado se restringe, porque le quita espacio. Yo estoy convencido que eso es una infracción a la legislación europea y española de defensa de la competencia.

-Aunque hay algún dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tampoco el regulador ha tomado ninguna medida al verse lesionados los intereses de un municipio por estos procesos.

-Los temas de competencia dependen de la Unión Europea y de los organismos que tiene cada estado como regulador. En el caso de España ya sabe que se mezcló competencia con energía, de una forma poco afortunada. Y luego existen órganos de competencia de ámbito autonómico. Y claro, tienen una perspectiva sólo de su autonomía. Por otro lado, las empresas prestadoras no le han dado suficiente atención a este punto. Hemos vivido una primera oleada de internalización de los servicios públicos. Y es ahora cuando las empresas empiezan a tomar conciencia de las restricciones que eso genera al mercado, que están lesionando al empleo y al PIB. Las empresas españolas que recogen basura, hacen limpieza o que gestionan el agua u hospitales y que lo están haciendo fuera de nuestro país, si les quitan mercados, al tratarse de economías de escala, aunque se le reste de un área geográfica concreta, afecta al conjunto. Se resiente el empleo y se hacen menos eficientes. Porque cuando las administraciones hacen estos procesos, no suben las tarifas, pero suben los impuestos.

-El empleo es una cuestión importante también, dado que las internalizaciones están siendo rechazadas por los sindicatos, que ven un riesgo de inestabilidad y precarización, ¿no?

-Efectivamente. A pesar de que los ayuntamientos y algunas comunidades autónomas les hacen cantos de sirena y les prometen mejorar, lo cierto es que con la legislación estatal en temas de control de déficit, que ahora tiene rango constitucional, no pueden contratarlos laboralmente para ser miembros de estas plantillas con todos sus derechos. Los sindicatos, que conocen muy bien esta materia, y que lo que quieren es empleo sólido, han mantenido esa postura porque sus trabajadores estaban siendo seriamente perjudicados.

-¿La internalización no supone también una pérdida con respecto al modelo concesional, en cuestiones como el know how o la capacidad de hacer inversiones que el municipio no está en disposición de acometer?

-Cuando el servicio pasa a prestarse directamente, nos encontramos con que las administraciones no están diseñadas en general para realizar actividades de gestión, sino que lo están para ejercer de inspección, de control, de vigilancia. Y cuando un servicio, como el agua, que es pública sin lugar a duda, se presta por una gran compañía que atiende a 1.400 municipios, tiene la capacidad de innovar para lograr implementar las últimas tecnologías para gestionar un recurso que en el sur de Europa es querido y escaso, o ahora con el desarrollo de las smartcities, no sé si una administración local de manera individual puede dar esa respuesta de I+D.

"Los sindicatos rechazan estos cambios porque perjudican seriamente a los trabajadores"

-¿Cree que hace falta un regulador estatal de estos servicios?

-En España no se ha creado, como en otros países. Es muy difícil convivir con 8.400 reguladores, cada ayuntamiento tiene unas normas, unas ordenanzas, una sistemática... Hay servicios tan esenciales como el agua, la limpieza o la sanidad en los que tendría sentido que hubiese un regulador. Como lo hay de la energía, de la competencia, del mercado de valores, de las entidades financieras. España tiene un problema al no disponer de un regulador que pusiese orden, por ejemplo, en las inversiones necesarias para mantener las infraestructuras en un estado óptimo. Modernizarlas es imprescindible, porque cuando colapsan se acude a instancias superiores, diputaciones, autonomías o el Estado para que las socorran, y éstas tiene que sufragarlos con impuestos.

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