La juez archiva la causa contra dos altos cargos del SAE por el conflicto de los asesores de Empleo

  • Señala que los afectados pueden recurrir a la vía contenciosa y se niega a practicar nuevas diligencias para no dilatar el procedimiento y el "efecto mediático" sobre los investigados.

La juez de Instrucción número 8 de Sevilla ha acordado el archivo de la investigación abierta por la denuncia de un grupo de 18 asesores de Empleo del programa Memta, por la que llegaron a declarar como investigados el director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Coca Blanes, y su antecesor en el cargo, el actual director general de Idea, Antonio González Marín.

La juez considera que los hechos investigados no son constitutivos de prevaricación y recuerda que la discrepancia contra las resoluciones de la Administración se resuelven en la vía Contencioso-administrativa, no en la penal. De ahí que se niegue a practicar nuevas diligencias para no dilatar el procedimiento y el “efecto mediático” sobre los altos cargos investigados.

Fuentes de la Consejería de Empleo mostraron su satisfacción por la decisión judicial de archivar la investigación, que es coherente con lo que habían mantenido desde el principio cuando se presentó la denuncia, y han pedido al gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que muestre la “misma celeridad” a la hora de difundir el sobreseimiento como cuando informó sobre la citación a declarar como investigados de los altos cargos.

En el auto de archivo, la juez Reyes Flores señala que la “revisión jurisdiccional de actuaciones administrativas para determinar si se ajustan o no a Derecho corresponde de manera prioritaria a la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la especializada en el conocimiento de la aplicación de las normas administrativas”.

La instructora añade que la intervención de la jurisdicción penal en el análisis de los asuntos administrativos debe ser, en todo caso, “subsidiaria, limitada a aquellos casos en los que se aprecia una infracción palmaria de las normas jurídicas, en los que no puede bastar el mero restablecimiento del orden jurídico perturbado a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que, por la importancia de la transgresión jurídica, es necesaria la intervención de la jurisdicción penal para sancionar las graves arbitrariedades cometidas en resoluciones administrativas calificables de injustas”.

En el caso actual, la juez considera, siguiendo el criterio de la Fiscalía, que no puede estimarse que concurran “indicios suficientes para estimar concurrentes los elementos del tipo penal pretendido”, la prevaricación, por lo que “procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, sin que haya lugar a la práctica de las nuevas diligencias de instrucción solicitadas, que nada añadirían ni modificarían el anterior razonamiento e implicarían una innecesaria dilación del procedimiento y con ello de efecto mediático respecto a los investigados, dada la trascendencia social en relación del cargo ostentado”.

Ambos directivos negaron en febrero pasado ante la juez de Instrucción número 8 de Sevilla que se hayan producido irregularidades por la no readmisión de un grupo de 18 asesores de Empleo del programa Memta.

Antonio González Marín, que fue director del SAE hasta julio de 2015, aseguró a la juez que actuó “conforme a Derecho” y siguiendo los procedimientos “legalmente establecidos” para la ejecución de las sentencias tras las demandas presentadas por los orientadores laborales, colectivo integrado por 413 personas que fueron contratadas en octubre de 2008 mediante una transferencia de financiación directa del Estado, que autorizaba el gasto en políticas de empleo para el denominado programa Memta. El ex director explicó que en 2012 se suprimió esta financiación y el programa quedó “sin cobertura”, lo que obligó al SAE a cesar a estos trabajadores, que acudieron a los tribunales con demandas de despido cuyas sentencias comenzaron a dictarse en 2014 “con sentido muy dispar” porque algunos jueces declararon procedentes el despido, otros improcedentes y en algunos casos nulos.

El actual director de Idea añadió que hasta finales de 2014 no adquirieron firmeza las primeras sentencias, pero en ese momento era ya imposible realizar una modificación presupuestaria para atender las ejecuciones de sentencia “dado lo avanzado del ejercicio” y el hecho de que los presupuestos tienen que estar cerrados el 1 de noviembre.

De los 18 trabajadores que han presentado esta denuncia, en 15 casos la Justicia declaró la improcedencia del despido y el SAE optó por la opción de indemnizarles y no de readmitirles, mientras que otros tres despidos fueron declarados nulos. De estos tres casos, uno se ha reincorporado al trabajo el pasado 12 de febrero en ejecución provisional de la sentencia, y los tres están recurridos ante el Tribunal Supremo, que en abril pasado dictó una sentencia de la que se desprende que estos despidos podrían ser declarados igualmente improcedentes y no nulos, con lo que la Administración optaría nuevamente por la vía de la indemnización.

Antonio González relató a la juez Reyes Flores que el SAE en sí mismo no tiene “posibilidad ni competencia para proceder a la inmediata readmisión sin respetar los trámites establecidos al día siguiente de la sentencia”, y añadió que a partir de 2015, tras la sentencia del Supremo, se procedió a “solicitar la ampliación y dotación presupuestaria necesaria para hacer frente a ello”, siendo así que se solicita una partida de cinco millones de euros y posteriormente se realizan las actuaciones para prever que la partida presupuestaria de personal para el año 2016 se incrementara hasta 130 millones para permitir estas reincorporaciones.

Por su parte, el actual director gerente del SAE Julio Coca señaló que no son ciertos los hechos que se le imputan en la denuncia e insistió en que “ninguna readmisión o indemnizaciones puede acordarse de inmediato o en un día como si fuera una empresa privada”, pues en la Administración Pública se requiere el “oportuno procedimiento y aprobación de dotaciones presupuestarias”.

Julio Coca precisó que su antecesor inició todas las gestiones para procurar la “suficiente dotación presupuestaria y de hecho, se aprobó una partida de 5 millones de euros para atender al cumplimiento de las ejecuciones firmes que había pendientes, así como se habían iniciado los trámites para prever la inclusión en la dotación presupuestaria de 2016 y en la dotación de personal una cuantía suficiente para estos gastos”.

Coca recordó igualmente que los criterios sobre recurrir o no las sentencias los establece el gabinete jurídico de la Junta, sin que él ni nadie pueda interferir en esas decisiones, y ha asegurado que la opción de indemnizar a los trabajadores en caso de despido improcedente es el “criterio general de la Junta de Andalucía y no sólo en este colectivo”.

El director del SAE concluyó, por tanto, que ha continuado en la línea del anterior responsable de “velar por el cumplimiento de estas sentencias, siendo así que se logró aprobar una partida presupuestaria suficiente para atender a tal fin”.

El abogado Juan Carlos Alférez, que representa al ex director del SAE Antonio González, aseguró en su día a los periodistas que tras las claras explicaciones ofrecidas por los altos cargos investigados y tras aportar los “rotundos informes y documentos acreditativos de la verdadera situación producida respecto al colectivo Memta, la denuncia queda completamente desmentida al acreditarse que no existe la menor irregularidad, ni tan siquiera administrativa”, por lo que confió plenamente “en la acción de la justicia y en que la causa termine archivándose en el menor tiempo posible”, cosa que ahora ha ocurrido.

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