La ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, en relación con las ayudas concedidas a las empresas Altadis y A Novo, porque según ha denunciado que los expedientes están "incompletos y manipulados", según han explicado fuentes del caso.

La imputada, que ya en otras ocasiones había denunciado que en un fin de semana en noviembre de 2010 se reconstruyeron los expedientes en la Consejería de Empleo, ha argumentado que se acoge a su derecho a no declarar porque a la hora de elaborar los expedientes enviados al juzgado se han "quitado documentos que podrían incriminar a otras personas" y se han adjuntado otros nuevos para "completar" los expedientes recopilados de otras entidades –como la agencia IDEA y la Seguridad Social-.

María José Rofa, que ha entregado una nota a la juez explicando estos extremos, ha añadido que se han introducido correos electrónicos suyos para tratar de "incriminarla" en la causa y para dar a entender que ella es la que tomaba las decisiones. La ex asesora también se ha negado a declarar porque no están entregados los atestados relativos a Altadis y A Novo, que han motivado la ampliación de la imputación a la ex asesora y a otros imputados.

De otro lado, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya en relación con el ERE de Altadis porque, según asegura su defensa, no dispone de toda la documentación de la causa, en alusión a los atestados, informes y documentos que tienen los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En una comparecencia que ha durado unos escasos minutos, Francisco Javier Guerrero –que se presentaba ante Alaya por cuarta vez, dos de las cuales acabó en prisión- se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Su abogado, Fernando de Pablo, ha explicado a los periodistas que el motivo de su negativa a prestar testimonio está en que hay "documentación que no existe" en la causa pero que maneja la UCO.

El letrado denunció que en el caso de los ERE existe una especie de "secreto sumarial encubierto", lo que provoca la "indefensión" de los imputados. De Pablo ha dicho que no descarta solicitar que Guerrero declare una vez que dispongan de todos los documentos.

Tras la comparecencia de Guerrero, la juez ha recibido a su sucesor en la dirección general de Trabajo Juan Márquez, quien igualmente se ha acogido a su derecho a no declarar.