Los campos de golf tendrán casas a cambio de garantizar su calidad

  • La Junta se adjudica en el decreto la última palabra sobre cada proyecto a través de una comisión · Pretende que la cifra de viviendas por campo se determine en los planes de ordenación subregional

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El decreto de golf elaborado por la Junta es una fórmula de complejo equilibrio entre los intereses económicos, turísticos, inmobiliarios y medioambientales de Andalucía, que no maravilla a ninguno de los agentes implicados en el sector pero satisface a casi todos, y que va a organizar desde febrero el desarrollo de hoyos y urbanizaciones turísticas en la región. El cimiento del texto es un acuerdo: la Administración ofrece a los promotores la posibilidad de incluir viviendas en sus proyectos a cambio de la calidad técnica del campo y su integración en el entorno.

Con este planteamiento la Junta evita, primero, que los campos se conviertan en una excusa para recalificar suelos y vender casas. Al mismo tiempo, posibilita la creación de un recorrido de campos de "interés turístico" capaz de atraer viajeros a la región, como ha reclamado la Consejería de Turismo, y deja abierta la opción de construir viviendas.

Por último, el Gobierno andaluz se asegura una verdadera criba de las iniciativas presentadas. Las proyectos que quieran alcanzar la categoría de "interés turístico de la comunidad autónoma" y acceder así a la explotación residencial de los campos deberán cumplir requisitos exigentes y asumir incrementos de las inversiones previstas en sus planes originales.

El decreto establece una superficie mínima de 70 hectáreas para habilitar un campo de 18 hoyos, con 6.000 metros de recorrido sin casas que estorben, y amplias distancias entre las calles y entre el césped y las viviendas para garantizar la calidad de juego.

Los proyectos deberán acreditar su bajo impacto medioambiental con planes de reforestación, de integración de la fauna, de reciclaje o de empleo de energías renovables. En el capítulo del agua, el texto exige la puesta en marcha de una estación meteorológica de control y la construcción de lagos conectados con un sistema de riego y con capacidad de almacenamiento superior a 100.000 metros cúbicos.

Las principales novedades del decreto están en el proceso de gestión administrativa de los proyectos, mediante el que el Ejecutivo tendrá un control total sobre el sector. Una "comisión técnica de calificación", presidida por la Viceconsejería de Turismo y formada por los directores generales de Turismo, Deportes, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se encargará de "elaborar y emitir cuantos informes sobre los campos de golf de interés turístico le sean solicitados", según recoge el artículo 31 del texto, que fija un mes de plazo máximo al trámite.

Los sindicatos, como anunció el miércoles el responsable de Turismo de UGT, Rafael Navas, y los empresarios, que han evitado pronunciarse oficialmente, pedirán a la Junta que admita la participación de los agentes sociales en esta comisión. Será una de sus principales demandas en la Mesa del Turismo convocada el lunes para analizar el decreto.

A expensas de las determinaciones que el Gobierno andaluz haga en el encuentro del lunes, el decreto no cifra el número de viviendas que podrán aparejarse a los hoyos, justo la primera inquietud de los empresarios, un dato de referencia para la viabilidad de los proyectos.

El plan empresarial que supere la criba de la comisión y obtenga la catalogación de interés turístico tendrá que ser incluido en el Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que le corresponda, que determinarán "los criterios de ordenación relativos a edificabilidad, densidad de viviendas y tipología de las mismas", según el artículo 28 del decreto.

La falta de concreción sobre los usos residenciales del golf de primera categoría será otro de los aspectos debatidos por la Mesa del Turismo, que, pese a los matices, ofrecerá su respaldo al texto coordinado por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.

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