Andalucía

La carbonería de Moguer se ve como "cabeza de turco" del fuego de 2017

  • La defensa de los dueños de la empresa denuncia que ha habido "manipulación" y critica la fianza "excesiva"

La defensa de la empresa Carbones Fergón, propietaria de la carbonería acusada de originar el incendio de Moguer (Huelva) que el pasado verano arrasó casi diez mil hectáreas del entorno de Doñana, subrayó ayer ante la Sección Primera de la Audiencia de Huelva que los dueños de esta firma han sido escogidos como "cabezas de turco". El tribunal atendió ayer en una vista de apelación varios recursos de esta defensa, dirigida por Carmen Ruiz.

A los principales responsables de Carbones Fergón se les imputa un delito de incendio forestal imprudente. Su defensa considera que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva de sus clientes, el administrador único y su colaborador en funciones de dirección en la carbonera.

De los autos dictados por las jueces que han dirigido la investigación desde el Instrucción 2 de Moguer -primero una sustituta y luego la titular-, Ruiz remarcó que "estamos ante una apariencia de indicios de criminalidad". La abogada entiende que en la "debilidad" de los indicios que fundamentan sus recursos de apelación "está lo que se ve claramente reflejado en todos los documentos que constituyen la investigación oficial: un cierto control, una interpretación o relación a veces torticera e interesada tanto en los informes del Seprona y de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) como en el material probatorio existente, tanto que podría incluso calificarse de cierta manipulación".

Ruiz recalcó en su apelación que "no tenemos que olvidar que la Consejería de Medio Ambiente es un organismo interesado en este procedimiento". Refirió al respecto, por ejemplo, que los agentes que figuran en las diligencias son siempre los mismos, que existe "una limitación a los investigados a permitirles el acceso al material probatorio de las llamadas al 112" o de las fotografías aéreas realizadas, "que han sido ocultadas", lo que a su juicio es "una cierta manipulación de los elementos probatorios". Además, Ruiz destacó la "falta de rigor científico" y la "insostenibilidad del informe de la BIFF" y defendió que la empresa carbonera tenía en regla su propio sistema de extinción de incendios, que calificó como "un gran arsenal".

La fianza de 73,2 millones de euros impuesta por la instructora de la causa a Carbones Fergón es, a su parecer, "excesiva y desproporcionada".

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