Un funcionario de Fomento de Córdoba es imputado en la operación Madeja

  • El juez De la Mata le atribuye hasta cinco delitos y considera que tiene un "patrimonio inusual y discordante con su trabajo"

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado en la operación Madeja, en la que se investiga una red de sobornos a funcionarios corruptos a cambio de la adjudicación de contratos públicos y que tiene su epicentro en la empresa sevillana Fitonovo, al jefe de la unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Córdoba, Tomás González. En un auto dictado el 12 de marzo, el magistrado considera que los hechos investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de este funcionario pueden ser constitutivos de hasta cinco delitos -prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales-. González deberá acudir a declarar el 3 de abril.

De la Mata subraya que el funcionario elabora él mimo los informes solicitados al Ministerio en el ámbito de su competencia, figurando además como director de "la mayoría de los contratos relacionados con la facturación falsa" de Fitonovo. González tiene vínculos familiares a través de su mujer "con uno de los principales imputados" en esta causa, en alusión al hermano de su esposa, el ex directivo de Adif en Córdoba Enrique José Finch. Según el magistrado, el funcionario presenta un "patrimonio inusual y discordante con su trabajo" y su mujer trabaja en centros de conservación para sociedades cuyos contratos "dependen directamente de la supervisión de su marido".

Así, De la Mata concluye que es "claro y patente" que este funcionario "habría cobrado cantidades en metálico o en B y que además estas cantidades se habrían ingresado en cuentas corrientes", además de haberse detectado "multitud de gatos ordinarios y compras de bienes que podrían haber sido sufragadas con dinero metálico que excedería aún más del dinero detectado".

El auto explica que el análisis de las cuentas bancarias de González revela que desde el 2002 a 2013 "habrían aflorado cantidades de efectivo que por un total de 293.935 euros" y muchos de los "numerosísimos ingresos de efectivos detectados en sus cuentas corrientes guardan consonancia con salidas de efectivo de la Caja B de Fitonovo, que habrían ido a parar a los responsables de las sociedades Imesapi y Señalizaciones Villar, contratistas a su vez con el Ministerio de Fomento".

El juez recoge una serie de pagos en efectivo realizados por el funcionario y su esposa, como la compra de una vivienda en Sierra Nevada, la compra de dos vehículos y de electrodomésticos en los que habían aportado en efectivo más de 67.000 euros en total. Los ingresos del cónyuge del funcionario, concluye el juez, provienen entre los años 2002 y 2013 de sociedades que tendrían adjudicados contratos con el Ministerio de Fomento sobre los que González "tendría un gran poder de decisión".

Según el instructor de la Audiencia Nacional, Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares y para ello diseñó una "red de contactos con funcionarios corruptos que le facilitaban dicha contratación". Para llevar a cabo su objetivo, Fitonovo creó una "contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa" para, entre otros objetivos, "financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".

Además, crearon al mismo tiempo una "trama societaria" que, en paralelo a una actividad comercial legal, "se había ocupado de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, del interés publico en una adecuada prestación de los servicios".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios