El inglés se ha impuesto como lengua habitual de uso en las instituciones europeas. Tanto, que la nueva legislación incorpora vocablos ingleses a las 23 lenguas comunitarias. Por ejemplo greening, término con el que se designan las medidas medioambientales suplementarias que se exigirán al agricultor en el nuevo sistema de ayudas directas. El greening supondrá el 30% de las ayudas de la Política Agraria Común y ha sido muy discutido por los agricultores andaluces.

Otra novedad de la nueva PAC será la convergencia externa, entre países: pretende acabar a medio plazo con la injusta situación de nuevos adherentes, como Lituania, que reciben 80 euros por hectárea, mientras hay países como Holanda en 400 o Grecia por encima de 700. La media española está 229, por debajo de la europea de 268 euros por hectárea. Pero Andalucía, con 340, está muy por encima del promedio nacional.

La Comisión pretende que a medio plazo no haya distorsiones de más de un 10%. Pero en este paquete financiero sólo acortará la distancia actual en un tercio. Lo que significa que los países tradicionales recibirán menos dinero. El siguiente concepto es la convergencia interna. Si se aplican los criterios de convergencia externa entre las comunidades autónomas, la que más tiene que perder es Andalucía, que es la que más dinero recibe por hectárea. Esto supondrá una presión suplementaria en el interior de España a la hora de aplicar los criterios generales europeos. De momento, la Comisión deja en manos de los países la redistribución entre regiones, pero pretende que dentro de una misma región todos los agricultores reciban la misma ayuda por hectárea, con independencia de que cultivasen en el pasado tabaco, algodón o cereal. Desaparecerá así el cobro por series históricas: algunos recibirán más o otros menos que antes. Se hará de manera gradual, para conseguir el equilibrio en 2019.

Por utilizar una referencia concreta, en 2008 la PAC supuso 42.800 millones para el conjunto de la UE, 6.000 millones para España y 1.600 para Andalucía. A la cifra regional hay que añadirle unos 400 millones de desarrollo rural. En España se plantea otro problema: hay 18 millones de hectáreas dentro del sistema de ayudas, pero es menos de la mitad de la superficie cultivable, que puede llegar a ser de 40 millones. Dónde cerrar el grifo y hasta dónde ejercer una flexibilidad es un dilema en los despachos de Bruselas. La propuesta de la Comisión es dedicar 41.000 millones de euros a las ayudas directas anuales en toda la Unión, y 55.000 millones en total si se añade el desarrollo rural. Habrá un sistema de módulos para limitar las ayudas a partir de 150.000 euros por agricultor, con un techo de 300.000.

La propuesta de la Comisión, el greening afecta al 30% del monto total de los fondos y no al 30% de cada ayuda individual. Por ejemplo, si el olivar con mayor valor medioambiental y social es el que está sufriendo de los bajos precios generados por el aumento de la producción, nada impediría que se reequilibre el apoyo desde los cultivos leñosos de regadío hacia los de secano, o desde el olivar intensivo hacia el olivar de baja producción.