La ley del silencio se ha implantado en la última fase de la investigación judicial por los ERE fraudulentos. Los cinco imputados que comparecieron ayer ante la juez Mercedes Alaya se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, por lo que la instructora cerró esta jornada de comparecencias en tan sólo una hora.

El ex director general de IDEA Jacinto Cañete; el ex viceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez Román; el director general de Desarrollo Tecnológico, Manuel López Casero, el director de Industria Jesús Nieto; y el viceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua, son los imputados que comparecieron ayer ante la instructora, tras la implicación de los vocales del consejo rector de la agencia que actuaba como entidad pagadora de las subvenciones. Ninguno de los imputados citados en este nuevo calendario ha accedido a prestar testimonio por ahora -y van ya nueve de 25- ante la instructora, que el lunes volvió a insistir en que la causa está en su "recta final".

Cañete se acogió a su derecho a no declarar y la Fiscalía Anticorrupción dio por reproducida la fianza civil que exigió en su primera comparecencia, en diciembre pasado, cuando reclamó una garantía de ocho millones de euros para cubrir su posible responsabilidad pecuniaria. En el caso de los otros cuatro imputados, el Ministerio Público no reclamó ninguna medida cautelar después de que se hayan negado a declarar. La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía tampoco reclamó ninguna fianza y el Partido Popular se ha mostrado de acuerdo con la decisión que adopte la juez Alaya, como ha hecho otras veces.

Las comparecencias se resolvieron en una hora y a las mismas acudieron media docena de abogados, una cifra inferior a la que suelen acudir habitualmente a otras declaraciones que han generado mayores expectativas.

La cantidad de ocho millones solicitada en su día a Cañete por la Fiscalía fue extraída por el Ministerio Público del informe pericial de la Intervención General del Estado en relación con los importes transferidos a Idea entre 2008 y 2009, por el crédito inicial y por tres modificaciones presupuestarias que ascienden a 15 millones. Aunque Cañete no declaró en diciembre, su defensa alegó ante la juez Mercedes Alaya que la Intervención General de la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas y el Parlamento andaluz "santificaron" el procedimiento para el pago de las ayudas de los ERE a través de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles.