El instructor deja fuera a todos los vocales del consejo rector de IDEA

  • Concluye que no hay indicios de que actuaran de forma "conscientemente concertada".

 De las 50 personas que figuraban como investigadas en la parte política de los ERE, el magistrado Álvaro Martín ha exculpado casi a la mitad, en concreto, a 24 personas, entre los que se encuentran destacadas personalidades del mundo económico como el presidente de Unicaja, Braulio Medel; el ex presidente de El Monte, José María Bueno Lidón; el presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler; el ex presidente de Abengoa José Domínguez Abascal; o el presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía Felipe Romera, sobre los que se ha archivado provisionalmente la causa, entre otros.

El juez distingue hasta tres grupos de investigados sobre los que ha acordado el archivo. En primer lugar están los vinculados a las consejerías de Empleo, Hacienda o Innovación; en segundo término los relacionados al IFA-IDEA por su pertenencia a los órganos de administración de esta agencia que actuaba como caja pagadora de las ayudas; y en último lugar los que se relacionan con IDEA por su pertenencia al consejo rector de la misma.

En cuanto a los 24 imputados que han sido exculpados, el auto señala que "no consta que hubiesen llevado a cabo una actuación conscientemente concertada para la instauración o mantenimiento de este procedimiento de distribución de ayudas y subvenciones".

Entre este grupo destacan los que fueron imputados por pertenecer al consejo rector del IFA-IDEA, "sin que se les haya encontrado algún otro elemento que permita sostener su participación consciente en estos hechos". Es cierto, señala el juez, que este órgano llegó a ratificar numerosos convenios particulares, pero ello debe ser puesto en la perspectiva de la información que era concedida al consejo rector. 

El magistrado recuerda que los convenios eran objeto de una "muy exigua información en cada sesión" y que al consejo no se le remitieron informes como el de control financiero permanente de IFA-IDEA del ejercicio 2003, presentado en el año 2005, ni los siguientes, por lo que el juez concluye que "con estos elementos se debe concluir que no se puede establecer que los investigados tuviesen conocimiento de que los convenios que estaban ratificando fuesen el instrumento de concesión irregular de ayudas y subvenciones, de lo que resulta la procedencia de apartarlos de este procedimiento".

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