La legislatura cierra con la producción de leyes más baja desde la etapa de la 'pinza'

  • Este cuatrienio acabará con 32 proyectos de ley aprobados, frente a los 49 de la etapa 2004-2008 · La fórmula del decreto ley se abre paso y, pese a que su uso es excepcional, dará pie a 15 normas

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Para encontrar una legislatura con menor producción de leyes como ésta que ahora concluye hay que remontarse hasta el bienio 1994-1996, también conocido como la legislatura de la pinza, en el que el Gobierno en minoría del PSOE propició que PP e IU bloqueasen toda su iniciativa legislativa -se aprobaron 8 normas-.

En esta ocasión verán la luz 41 leyes -9 proposiciones de ley y 32 proyectos de ley, incluidos el de Presupuestos y de modificación de la Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que aún están pendientes de votarse-, a los que habría que sumar los 15 decretos ley, fórmula que se ha estrenado en este periodo y concebida para casos extraordinarios y de urgente necesidad, como así ha sucedido por obra y gracia de la crisis económica. Sin embargo, las cuentas se tropiezan con la realidad de que hasta nueve de esos decretos ley llegaron a ser tramitados con posterioridad como ley. Es decir, aparecen contabilizados por duplicado en la página web del Parlamento. Con estas 47 normas, el balance que hace la oposición no puede ser más pobre para el Gobierno de José Antonio Griñán.

Esta etapa que acaba no resiste la comparación con la anterior y tampoco aguanta medirse con las legislaturas 1996-2000 y 2000-2004, en las que se aprobaron 49 y 55 leyes, respectivamente. El Gobierno andaluz de 2004 a 2008 es el más prolífico desde que la autonomía andaluza echara a andar. A pesar de que la actividad parlamentaria estuvo prácticamente paralizada durante dos años por la redacción del nuevo Estatuto de Andalucía, en este periodo hasta 49 proyectos de ley salieron de la Casa Rosa -sede provisional del Ejecutivo autonómico- para su aprobación en el Parlamento, a las que se sumarían las nueve proposiciones de ley presentadas por el Grupo Socialista, bien en solitario o con los otros tres grupos de la Cámara -PP, IU y PA-.

Pero aparte de diferencias cuantitativas, también las hay cualitativas para la oposición. Las leyes aprobadas en este último cuatrienio tienen menor peso, según PP e IU. Y lo que más lamentan, es que muchas se han visto a última hora, por lectura única o por urgencia, es decir, con escaso debate. En este ranking entrarían normas de como la Ley de Universidades o la reforma de la LOUA. Además reprochan que son normas de "papel", es decir, sin memoria económica ni desarrollo reglamentario, lo que deja su cumplimiento en el aire.

Este análisis no se comparte en absoluto desde la bancada socialista. El lastre de la crisis no ha impedido que, como explica el portavoz adjunto del grupo parlamentario, José Muñoz, hayan salido adelante normas de tanto calado como la que regula el derecho a la vivienda o a la muerte digna, la de aguas o la de la autonomía local, la de autónomos o cooperativas. Un listado que, según Muñoz, no ha dejado nada en el tintero de lo que estaba previsto legislar y se ha dado respuesta a aquello que ha sido demandado por la sociedad. El resultado: "Gran satisfacción".

El segundo bloque de críticas de la oposición está en el "abuso" de la figura del decreto ley. A pesar de que en el inicio de esta legislatura, con Manuel Chaves al frente de la presidencia -dejó el cargo en abril de 2009 para ocupar el Ministerio de Política Territorial-, se planteó recurrir a esta modalidad en casos excepcionales, lo cierto es que se ha revelado como un recurso muy útil para el equipo de Griñán.

Tiene un recorrido más corto y rápido, se aprueba en una sola vuelta por la Cámara, no tiene que pasar por comisión ni verse sometida a la aportación de los agentes sociales pero, por contra, es menos garantista, por cuanto no pasa por el Consejo Consultivo. No obstante, el 60% de esos decretos acabaron siendo tramitados como ley. El mejor ejemplo está en la medida más polémica de la legislatura: la reordenación del sector público. Tras dos decretos ley fallidos, la presión no política, sino sindical, y los miles de funcionarios protestando en la calle, obligaron al Ejecutivo a recular para que los sindicatos de la función pública pudieran ser oídos en sede parlamentaria con su tramitación como ley.

La oposición coincide en que esta "baja" tasa normativa, su "baja" calidad y el "maratón final" de debates -en las dos últimas sesiones se han visto hasta nueve leyes de una tacada- tiene como explicación la "dejadez", "falta de iniciativa" política pero, sobre todo, los problemas internos del PSOE. Algo que niega el socialista José Muñoz, que asegura que lo que sí ha podido influir es que se han dedicado "en cuerpo y alma" a capear la crisis -mientras el PP se "alía" con ella para sacar rédito electoral, según Muñoz-, y el relevo que hubo en la Presidencia; una excusa que no les vale a PP e IU, que mantienen que quienes heredaron el Gobierno ya tenían experiencia y eso no sirve para justificar retrasos.

El senador y jefe de la Asesoría del Grupo Popular, Rafael Salas, cree que con todos estos datos en la mano, frente a las "más de 30.000 iniciativas" (30.726) presentadas por los parlamentarios del PP, evidencia quién ha llevado la iniciativa política estos cuatro años. Algo que, según Salas, no ha gustado al PSOE que ha preferido, por "soberbia", hacer uso del "rodillo" para impedir que prosperaran proposiciones de ley tan "útiles" como la fijación de tiempos máximos para las listas de espera en los hospitales, o cometer "abusos", como imponer la incompatibilidad del cargo de alcalde con el de diputado que se estrenará en las próximas elecciones autonómicas.

Consecuencia directa de ese "sesteo" o "dejación de funciones" en el que ha estado sumido el Ejecutivo andaluz son, para IU, las "trampas "de última hora para presentar una cuenta de resultados más abultada. El diputado de la coalición Ignacio García ha visto cómo las "prisas" y la "improvisación" del PSOE y del Gobierno por no cerrar esta etapa con las "manos vacías" ha dado pie a subterfugios como aprobar decretos ley que modifican hasta seis leyes -es el caso del impuesto de patrimonio para personas con discapacidad- o presentar enmiendas a otras leyes que afectan de manera directa a una ley de Presupuestos que está aún por aprobarse -su debate final es el próximo miércoles-.

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