La macrocausa de los avales de IDEA se reduce a investigar 18 empresas

  • La agencia corrobora en un informe que estas ayudas respetaron la normativa europea

La macrocausa de los avales y préstamos de la agencia IDEA parece que se desinfla. De las numerosas ayudas que, en principio, la juez Mercedes Alaya tenía intención de investigar en un sumario que algunos habían vaticinado que sería más grande incluso que el de los ERE fraudulentos, la instrucción se ha acotado ahora a sólo 18 empresas después de que la magistrada María Núñez Bolaños limitara el objeto de la investigación en un auto dictado el pasado 2 de marzo, en el que reclamó a Idea únicamente la entrega de los expedientes de las empresas que pudieron "simultanear" las ayudas sociolaborales o a empresas investigadas en los ERE con ayudas públicas de "salvamento o reestructuración" a través de avales o préstamos que concedía la propia Idea en virtud de las competencias delegadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

La agencia IDEA acaba de remitir un extenso informe a la juez María Núñez Bolaños en el que aporta la documentación solicitada por la magistrada, en concreto, seis cajas de documentos que incluyen los expedientes de las 18 empresas a investigar, a algunas de las cuales ni siquiera se les llegó a conceder el aval después de haberse iniciado la tramitación -como ocurrió con el caso de Atarazana de Constantina-. Las 18 empresas a las que se limita la investigación son las siguientes: A Novo Comlink España, Aglomerados Morell, Atarazana de Constantina, Bética Industrial, Cooperativa Panificadora de Cristo Obrero, Corchos y Tapones, Farebus, Hytasal, Industrias auxiliares Marteñas, Insersola, Matadero de la Sierra Morena, Pickman, Piensos andaluces compuestos, Saldauto, Scafa, Sociedad cooperativa industrial de Confección (Scoin), Tartesos Car y Tendencias Ferrera.

En su extenso informe, la agencia IDEA también comunica a la magistrada las distintas "acciones judiciales" presentadas con indicación del procedimiento, órgano jurisdiccional y actuaciones emprendidas- para la "recuperación de los avales quebrantados o fallidos", indicando a la instructora que los expedientes de reclamación judicial están asimismo "a su disposición".

En el informe, que remite el director de la agencia, Antonio González Marín, también se da respuesta a algunas de las preguntas planteadas por la juez Bolaños, entre ellas si con respecto a las subvenciones se dio cumplimiento al requisito de autorización por parte de la Comisión Europea y si se les dio la publicidad prevista en al orden de 5 de noviembre de 2008, que regulaba las mismas.

A este respecto, la agencia ha informado a la juez de que se han cumplido los requisitos de la comisión Europea, por cuanto las operaciones aprobadas mediante resoluciones de ayudas de salvamento y/o reestructuración dictadas desde la entrada en vigor de la orden de 5 de noviembre y durante los ejercicios 2008 y 2009, fueron "formalizadas con posterioridad al 4 de mayo de 2009, fecha en la que se produjo la autorización por la Comisión Europea del régimen de ayudas a empresas en crisis para Andalucía". De esta forma, IDEA corrobora que se "cumplió por tanto con lo previsto en la disposición transitoria única de dicha orden, ya que las ayudas aprobadas no fueron formalizadas, mediante el correspondiente contrato de aval, con anterioridad a dicha fecha y en consecuencia no tuvieron efecto antes de la autorización comunitaria".

De otro lado, el informe señala que Idea podía superar el límite máximo del crédito presupuestario -que era de 18 millones de euros- por cuanto concedía también avales mediante una "competencia delegada" por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. De ahí que se ampliara hasta los 175 millones.

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