El nuevo plan de Acción Social que ultima la Junta de Andalucía destinará 60 millones de euros a los ayuntamientos con dos propósitos principales: creación de empleo urgente con contratos de entre 15 días y tres meses y el mantenimiento de puestos de trabajo en la ayuda a domicilio, un sector que sufre el recorte de la ley de Dependencia. Ésta es la intención de la Junta de Andalucía en el decreto ley contra la exclusión social del que esta semana se han conocido algunas medidas, como la red alimentaria que persigue dar tres comidas a los niños en los centros escolares o la atención a las personas mayores en los centros de día, entre otras iniciativas que la Junta quiere aprobar en su reunión del martes 30 de abril.

El plan de urgencia para los ayuntamientos, que el vicepresidente Diego Valderas ha definido como una suerte de PER social, contará con 40 de los 60 millones. Se trata de una cantidad escasa ante la gravedad del desempleo en la comunidad (con un 35% de paro), pero estará orientada a los casos más dramáticos, como desempleados de larga duración, víctimas de violencia de género, familias con todos los miembros en paro o personas que han agotado los subsidios. Así se lo han comunicado los dirigentes de la Junta a los sindicatos CCOO y UGT.

Todos los ayuntamientos tendrán posibilidad de al menos ofertar un contrato, que servirá para cubrir plazas municipales que el propio consistorio determine. Serán contrataciones directas para puestos de "interés general y social". Ambos sindicatos ponen los mismos ejemplos: jardineros o auxiliares administrativos, entre el catálogo de puestos de trabajo que puede convocar la Administración local. Será decisión de los ayuntamientos, pero tanto CCOO como UGT piden a la Junta que se respeten los convenios colectivos, es decir, que el puesto a ocupar no perjudique al empleado que está desarrollando ese trabajo en la plantilla municipal.

También reclaman transparencia en la contratación e igualdad en las condiciones.

Además de una plaza por municipio, habrá un reparto de contratos en función de las tasas de paro. También se estudia una ayuda concreta para barriadas marginales. Si algunos ayuntamientos rechazan entrar en este programa y las plazas quedasen libres habrá una repesca entre los demás municipios para incrementar su cupo.

Tanto UGT como CCOO han pedido a la Junta en la negociación que las contrataciones sean al menos de un mes, al considerar "insuficientes" 15 días. Con estos contratos algunas personas pueden completar los días trabajados y optar a prestaciones por desempleo. De ahí las similitudes con el subsidio agrario.

"Sabemos que un mes también es insuficiente, pero mejor esto que nada, que estar dos años en el paro. Es un plan de urgencia", subraya Nuria López, responsable de Empleo en CCOO. "Bajo nuestro punto de vista, presupuestariamente está muy cortito", valora Josefa Castillejo, de UGT.

Ambos sindicatos hubiesen preferido otras medidas, pero se agarran al 'menos da una piedra'.

UGT plantea que los contratos se vinculen a la formación, "que mientras estas personas tienen un contrato cuenten con un itinerario de formación y se aproveche esta experiencia", señala Castillejo. También reclama una evaluación de este plan y vigilancia para evitar anomalías, como que se pague con este dinero a un trabajador ya en plantilla.

López, de CCOO, reclama a la Junta "ser valiente" y afrontar de una vez la Renta Básica, un sueldo mínimo de subsistencia para todas los andaluces.

Pero la Junta va a apostar por medidas coyunturales, como sucedió con el Plan Proteja, continuación del Plan E de Zapatero.

Sobre la Renta Básica, un derecho recogido por el Estatuto, el Gobierno de coalición PSOE-IU se remite a un futuro grupo de trabajo en el Parlamento. También aplaza otras medidas como una ley de inclusión social que conlleve la reforma de la ley de Servicios Sociales de 1988, una promesa que se incluyó en el acuerdo de gobierno entre PSOE e IU.

Aunque esta semana la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, se refirió a una renta para los andaluces en riesgo de exclusión social, la medida que aprobará la Junta consiste en intentar garantizar que llegue el salario social a los demandantes en menos de tres meses. El año pasado, y así lo recogieron los informes del Defensor del Pueblo estatal y el autonómico, hubo retrasos de hasta un año para esta ayuda destinada a personas sin ingresos y con un montante de entre 392 y 633 euros mensuales durante seis meses.

Díaz calculó unos 100 millones de euros para el decreto ley de exclusión social: 60 para el plan de acción social, 16 para la red alimentaria y el resto en "renta básica". La previsión se queda corta, ya que la Junta presupuesta este año 71 millones en salario social .

Los 60 millones de euros del plan de acción social se recortaron del aumento de fondos incondicionados que se debían dar a los ayuntamientos este año, que según la ley local de financiación (Patrica) se incrementaban de 480 a 540 millones. Pero la Junta aplazó este incremento a 2014.

De esos 60 millones, 20 irán a la ayuda a domicilio. Con la decisión del Gobierno de bajar la intensidad de este servicio, muchas empresas y cooperativas, formadas en su mayoría por mujeres, están en peligro. Según el sector, uno de cada tres puestos en Andalucía, unos 5.000. La ayuda será para conservar estos empleos.

El plan de acción social, que anunció Griñán en octubre, se aprobará en unas semanas mediante decreto ley para que se inicie este año, cuando tiene consignación presupuestaria.