José Torres Hurtado, alcalde de Granada con el PP durante 13 años, y buena parte del equipo de gobierno y de altos cargos municipales que gestionaron la ciudad en ese período tendrán que sentarse en el banquillo para responder por una larga lista de delitos relacionados con la corrupción. La juez del caso Serrallo los ha procesado en un auto en el que destaca la "muy grave actuación de especulación urbanística de las zonas verdes de la ciudad".

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, María Ángeles Jiménez, argumenta que el sumario contiene pruebas para señalar a 17 personas como posibles responsables de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, tráfico de influencias y cohecho. Los procesados a los que imputa mayor número de delitos son Torres Hurtado, la ex concejal Isabel Nieto, el constructor Roberto García Arrabal y cinco altos cargos del área de Urbanismo, entre los que sobresale el exdirector de Obras, Manuel Lorente, por su supuesta relación especial con el empresario. A ambos les añade el delito de cohecho.

A los miembros de la junta de gobierno en 2012, Torres Hurtado, nueve ediles del PP y el interventor municipal, la juez ha decidido mantenerlos en la causa y procesarlos por un delito de supuesta prevaricación urbanística consumado el día 26 de julio de 2012, cuando votaron a favor de cambiar los usos y los horarios de las instalaciones del Serrallo, lo que permitió la apertura de una discoteca en una zona que estaba reservada para espacios libres de la ciudad. La magistrada sostiene que los ediles están obligados a informarse de los asuntos a tratar y que son responsables de todo lo que votan.

El Ayuntamiento adjudicó en 2006 a García Arrabal el contrato para la construcción de un parque de atracciones infantil que estaba recogido en un pliego específico de condiciones. El lugar era una zona calificada como sistema general de espacios libres ubicada junto al solar en el que mismo promotor iba a construir el centro comercial Serrallo.

Según explica la juez en el auto, el empresario habría paralizado la ejecución de ese contrato hasta que hubo terminado su centro comercial y después levantó una discoteca, una pista de patinaje y una instalación de tirolinas que no coincidían con lo establecido en el pliego del concurso municipal para el parque infantil. Además, según aparece en el escrito, esas construcciones no estaban permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, ni en el uso ni en la edificabilidad y el volumen de las construcciones.

La juez sostiene que, en la práctica, "se ha producido una ampliación de actividades propias del centro comercial [Serrallo] a las zonas verdes colindantes". Es decir, una "apropiación de suelo de espacios libres para usos lucrativos". El consentimiento de los responsables municipales con el que parecía contar el empresario promotor lleva a la magistrada a hablar de ese "muy grave" caso de "especulación urbanística".

En definitiva, la juez justifica el procesamiento del ex alcalde al exponer que, presuntamente, "tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Granada y participaba activamente en la toma de decisiones, a pesar de la delegación de funciones en materia urbanística", que fue lo que el investigado esgrimió en su declaración judicial. También destaca la "intensa relación y presunta connivencia del ex alcalde con el empresario en la operación urbanística".