La Renta Mínima de Inserción que anunció Susana Díaz en el pleno del miércoles tendrá un presupuesto anual que triplica el gasto que la Junta dedicó en 2016 al salario social. Según la previsión de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, la medida supondrá un gasto de 819 millones hasta 2021, lo que se traduce en una inversión de 204 millones al año. La Junta dedicó casi ochenta millones en 2016 al Ingreso Mínimo de Solidaridad- que será sustituido por la mencionada Renta Mínima de Inserción-, por lo que, de cumplirse la previsión, multiplicará por tres el gasto en esta medida.

La novedad más significativa de la futura norma es que duplicará la duración de esta prestación. Los beneficiarios del denominado salario social sólo pueden recibirlo durante seis meses. Cuando se apruebe el decreto que sustituye al actual -que data de 1991- el periodo se alarga hasta los doce meses. La intención del departamento que dirige María José Sánchez Rubio es que el texto se apruebe por la vía de urgencia antes de fin de año para que pueda empezar a funcionar en 2018.

La iniciativa está incluida dentro de la Ley de Servicios Sociales, refrendada por el Parlamento el pasado diciembre, que reconocía entre sus prestaciones la "garantía de ingresos básicos". Además, se trata de uno de los derechos subjetivos que reconoce esta legislación, por lo que todo aquel que cumpla los requisitos establecidos es susceptible de recibir la Renta Mínima de Inserción.

Según los cálculos, podrán beneficiarse hasta 42.500 familias que recibirán un mínimo de 415,35 euros, una cantidad que se corresponde con el 78% del Iprem, el índice que sustituyó al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para la concesión de ayudas. La cantidad aumentará en un 10% del Iprem por cada miembro que sume la unidad familiar hasta llegar al 125% del mismo, 665 euros.

Como adelantó la propia presidenta de la Junta en la Cámara, la medida atenderá a determinados colectivos de forma prioritaria: las familias con menores a su cargo, las monoparentales y las víctimas de violencia de género. "Es muy difícil salir de una situación de maltrato sin tener ingresos", apunta Sánchez Rubio respecto al último grupo. En estos tres casos, la prestación podrá prorrogarse más allá del año con revisiones semestrales para comprobar si la situación de riesgo de exclusión se mantiene.

La situación de emergencia social resultante de la crisis económica ha provocado que la Administración decida actualizar algunos de los requisitos necesarios para solicitar el salario social. Por ejemplo, si hay dos familias en riesgo de pobreza viviendo en un mismo domicilio, ambas son susceptibles de recibir la prestación. Asimismo, se introducen nuevas excepciones en el cumplimiento de determinados requerimientos. También se reducen los ingresos computables a la hora de pedir la Renta Mínima de Inserción, eliminándose las pensiones de alimentos, las remuneraciones por acogimientos familiares, las prestaciones por hijo a cargo, las pensiones de orfandad, las ayudas por dependencia y las becas educativas.

Con el nuevo sistema, la Junta insiste en una antigua aspiración y busca asociar la prestación al retorno del beneficiario al mercado de trabajo. El departamento de Sánchez Rubio ya lo intentó hace un par de años con dudoso resultado, pero insiste al asociar el remodelado salario social a un plan de inserción sociolaboral en colaboración con la Consejería de Empleo. "No pretende ser una ayuda de por vida", apostilla Sánchez Rubio.

Uno de los cambios más significativos al respecto es que se abre la puerta a suspender temporalmente la percepción de la Renta Mínima de Inserción si el beneficiario obtiene un trabajo a través de un Plan de Empleo de la Junta. También podrá mantener la prestación si el empleo conseguido tiene un salario menor a la cuantía de la ayuda y dura menos de un mes.