La Airef es la autoridad independiente que vigila para Bruselas el control de las cuentas públicas; en su último informe, del 4 de abril de 2016 y relativo a los presupuestos de las administraciones públicas, indica que Andalucía es una de las seis comunidades autónomas que pueden acabar este año con el objetivo de déficit que marca el Gobierno, un 0,3% del PIB. Este dato es uno de los argumentos que la Junta está empleando ante el Ministerio de Hacienda para sortear el recorte que le pide de 590 millones de euros. La Junta, como otros 11 gobiernos autonómicos, cuenta con dos semanas de plazo para explicar cómo realizará este acuerdo de no disponibilidad (ajuste sobre el presupuesto de gasto), pero el Gobierno de Susana Díaz se niega a ejecutarlo con dos argumentos: el primero, que Andalucía es una comunidad cumplidora, porque los excesos de gastos se deben a imputaciones injustas del Ministerio de Hacienda; y el segundo, que estos gastos no son recurrentes, no se repetirán en 2016 por lo que no obedecen a un déficit estructural.

Considerando esto último y el informe del Airef, la Junta está en condiciones de explicar a Hacienda que acabará el año con un déficit del 0,3%, cumplirá con el objetivo. El conjunto de España no lo alcanzará, de ahí que el Gobierno central esté negociando con Bruselas un aplazamiento de la cifra de déficit. Y ello se debe básicamente a los problemas de la Seguridad Social y al déficit desbocado de algunas de las grandes autonomías, como Cataluña y Valencia. De entre las grandes, Andalucía es la única que se sitúa entre los límites.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, participará el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), no es un organismo donde las autonomías cuenten con la mayoría, pero servirá para tratar del asunto con el Gobierno. Posteriormente, el lunes, Montero se reunirá con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Lo que sugiere la Junta, por palabras de Montero, es que el Gobierno ha sacado "la artillería" contra las comunidades en un intento de culpabilizarlas ante el desvío del déficit que ha molestado a las autoridades europeas. Es más, fuentes del Gobierno andaluz sostienen que Bruselas le ha dado un plazo de un mes a España para explicar cómo reconducirá el déficit, y que a las autoridades comunitarias le es lo mismo si ajusta a todas las administraciones periféricas o si elimina la reforma fiscal que Rajoy aprobó en sus últimos meses de mandato.

La Junta cerró 2015 con un déficit del 1,13% cuando debía ser del 0,7%. La orden de Hacienda es que ajuste 590 millones de euros del presupuesto de 2016, una cantidad menor en comparación con las situaciones de Madrid, Valencia o Cataluña, que se antojan como imposible. Andalucía argumenta, además, que el exceso se debe a dos imputaciones no esperada: la primera, la de la hepatitis C, que han sido 192 millones de euros, y la segunda, una liquidación negativa del presupuesto de 2013. Para el cálculo de ese año, Madrid envió más dinero del que finalmente se recaudó, por lo que la Junta debió devolver 275 millones de euros. Esas dos cantidades no debían imputar como déficit, al menos es así como se prometió desde el Gobierno central. Las actas del consejo autonómico de Sanidad recogen este compromiso; el mismo modo, Hacienda había asegurado que las liquidaciones se cobrarían de otro modo. De todos modos, se tratan de gastos no recurrentes, no se arrastran a 2016. No hay más liquidaciones y el gasto en las vacunas de la hepatitis C es menor debido a que al principio se produjo una avalancha de pacientes que no gozaban de estos medicamentos.

La argumentación del Gobierno central es que las comunidades contaron para 2016 con más dinero, por lo que no deben recortar, pero lo cierto es que el Presupuesto ya corre con todos sus compromisos. Un acuerdo de no disponibilidad del gasto es, a efectos prácticos, un tijeretazo de las cuentas en vigor.

"Si el Gobierno tiene alguna indicación o amenaza de Bruselas, tiene que decirlo", afirmó ayer Montero, "y si está negociando más margen, no puede ser a costa de un recorte en educación y sanidad de las comunidades". La petición formal ya se ha planteado en Bruselas, de conseguir el aplazamiento, daría un respiro no sólo al Gobierno, sino también a las comunidades. La idea de la Junta es hacer frente a la orden de Madrid, es decir, que aguantaría sin ejecutar el recorte aunque amenazase con retener las transferencias, un extremo para el que tiene potestad en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.