El juez de refuerzo Álvaro Martín que investiga la pieza separada por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas en el caso de los ERE fraudulentos, ha citado a declarar a los 20 testigos que, salvo nuevas solicitudes de pruebas, serán los últimos que comparezcan en esta investigación en la que está imputadas 51 personas, entre ellas los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El magistrado, que ha fijado un calendario de declaraciones entre el 25 de abril y el 19 de mayo para que declaren los testigos, pretende acabar la instrucción de esta pieza en el mes de junio, fecha en la que procedería en su caso a remitirla a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento, aunque la vista oral tardaría todavía algunos meses más en fijarse, según han explicado fuentes del caso.

Entre las 20 personas citadas a declarar como testigos en esta pieza desgajada del sumario principal de los ERE figuran seis personas que se encuentran imputadas, entre ellas Juan Francisco Trujillo -el que fuera chófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero- dos hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos -ya fallecido- o la ex asesora de la dirección general de Empleo María José Rofa, el presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Francisco Jardón, y el abogado Carlos Leal Bonmati, según consta en un auto dictado el 15 de abril por el juez Álvaro Martín.

El juez también ha citado como testigos a varios altos cargos de la Consejería de Empleo, como el jefe de Relaciones Colectivas de la Dirección general de Trabajo, Juan Manuel Domínguez, el jefe del gabinete del consejero de Empleo, Rafael Calvache Casas, o el director del área de planificación y seguimiento, Antonio Jesús Mena, entre otros.

Todas estas declaraciones han sido acordadas atendiendo a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 1 de abril, en el que el Ministerio Público solicitó asimismo que se requiriera determinada información.

En concreto, el instructor ha acordado reclamar a la Intervención General de la Junta de Andalucía los informes adicionales emitidos y a quién fueron enviados, en relación con las transferencias de explotación y de capital realizadas a favor de la agencia Idea recogidos en los informes de seguimiento del Control Financiero Permanente (CFP) distintos al programa 31L.

El instructor también ha requerido información sobre la finalidad y contenido de los programas presupuestarios afectados, y cualquier informe elaborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, con indicación de los destinatarios, relativo a las transferencias de explotación y de capital que se recogen en dichos cuadros.

Por último, el juez ha pedido a la Junta que aporte el expediente disciplinario abierto al ex chófer de Guerrero que motivó su cese/despido.