LA decisión del Gobierno de Rajoy de subir hasta 13 puntos el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que actualmente soportan muchas actividades culturales ha provocado tal revuelo en este sector profesional que hace apenas unas semanas la entidad matriz que agrupa a las diferentes patronales de las industrias creativas de España aseguraba que el impacto que dicha medida tendrá sobre el tejido cultural será devastador. Según su diagnóstico, el incremento de la presión fiscal sobre los espectáculos y productos culturales -salvo el libro en papel- implicará una caída potencial de hasta el 25% en los ingresos que recibe este colectivo (533 millones de euros), destruirá 4.226 empleos directos dependientes de estas actividades por las que se tributará mucho más y dejará las salas de teatro y cine con 43 millones menos de espectadores. No puede negarse que la subida del IVA lesiona de forma significativa a todas las empresas españolas, que llevan ya casi un lustro arrastrando los efectos de la crisis, incluida su factura social en términos de empleo y pérdida de mercados. El sector cultural no es una excepción. Pudiera discutirse si, por tratarse de un ámbito con unas singularidades determinadas, no hubiera sido quizás conveniente haber optado por una subida fiscal más gradual. Pero, en cualquier caso, tampoco parece un argumento aceptable la tesis de ciertos profesionales de la cultura de que ésta debe estar al margen de la situación general que vive el país por su singularidad. El sector cultural ayuda a mejorar la imagen exterior de España, pero la cultura española no se limita a las reivindicaciones corporativas de este colectivo, que deben respetarse y ser oídas aunque, al contrario de lo que se desprende de algunos de sus planteamientos, ponerse en relación con la situación por la que pasan otros sectores igual de importantes. El Gobierno debería no dejar a atrás a estas empresas en su programa de pago a los proveedores municipales y agilizar todo lo posible la ley de mecenazgo para que aquellas empresas culturales que puedan adaptarse a la nueva situación económica -sin subvenciones- puedan hacerlo.