LAS últimas semanas están siendo pródigas en reuniones y contactos entre la Junta de Andalucía y representantes de los partidos políticos y otras organizaciones sociales para explorar la posibilidad de un Pacto por Andalucía. La posibilidad de un gran pacto se ha convertido en la gran apuesta del presidente de la Junta de Andalucía, que ha comparado su trascendencia con la que tuvo el Pacto de la Moncloa para la transición española a la democracia y para poner las bases de un largo periodo de progreso para nuestro país. Y no es ociosa la comparación, pues Andalucía se enfrenta a una grave crisis en el presente y a retos de futuro de semejante o mayor entidad que los de España en 1977.

Y en una situación como la actual se hace aconsejable que las fuerzas políticas y otras instituciones regionales refuercen al Gobierno en la adopción de un programa que, en la medida en que implicaría esfuerzos a los ciudadanos, cambios en el statu quo de algunos colectivos y cambios en las regulaciones, las políticas y las instituciones públicas, tengan un amplio respaldo político y social. Es por esta razón por la que se hizo el Pacto de la Moncloa y por la que merece el esfuerzo de ponerse de acuerdo: para alumbrar un futuro que exige cambios sociales en el presente.

Por tanto, es aconsejable sumar fuerzas, pero lo realmente importante será para qué se hace el pacto; es decir, el programa de actuaciones que se consensúa. A mi juicio el objetivo del pacto debe coincidir con el planteamiento programático del Pacto de la Moncloa, que acordó la necesidad de "llevar a cabo dos grupos de acciones diferenciadas: las dirigidas a equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo y las encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso."

En relación con las actuaciones a corto plazo que se pueden abordar desde el ámbito regional destaca el ajuste y racionalización del Sector Público. En otros artículos en estas mismas páginas me he referido a la sobredotación del empleo público en Andalucía, y también a las ineficiencias que limitan el bienestar de los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas; sin embargo, las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno regional están cosechando escasos ahorros y generando un elevado malestar entre los proveedores y receptores de los servicios públicos, por lo que se hace necesario un programa de reforma y ajuste más profundo y que cuente con el respaldo institucional más amplio posible.

El paro es sin duda el problema más grave de Andalucía y, en consecuencia, su erradicación debería constituir el objetivo fundamental del pacto. Pero nos engañaríamos si creemos que se puede resolver a corto plazo acordando un nuevo plan de fomento del empleo porque, en primer lugar, la capacidad financiera de la administración regional para abordar políticas activas es muy reducida, y en segundo lugar, porque el altísimo nivel de paro de Andalucía es consecuencia de las limitaciones estructurales de nuestro sistema productivo, pues incluso en los momentos de más elevada expansión económica la tasa de paro de la región no bajó del 12% y era un 50% más alta que la media española.

El paro en Andalucía sólo se resolverá a medio plazo si nos dotamos de un sistema productivo más competitivo; esto es, formado por más y mejores empresas. En consecuencia, la mejora de la competitividad de la economía andaluza debería ser el objetivo central de un pacto por Andalucía. Podrá argumentarse que este objetivo ha sido reiteradamente expuesto en los planes de desarrollo desde el comienzo de la autonomía, pero lo cierto es que desde entonces la situación de Andalucía no ha mejorado en términos relativos, y ello a pesar de haber recibido ingentes transferencias desde el exterior. Además, la crisis está poniendo de manifiesto la debilidad de la economía andaluza, con mayores tasas de paro, mayor contracción del PIB y reducción más elevada del número de empresas que la media española y europea. En consecuencia, las políticas dominantes, las regulaciones y las instituciones no han sido las más favorables para el desarrollo, por lo que su revisión debería ser el objeto central del posible pacto.

Las propuestas para el Pacto hasta ahora conocidas no parecen responder a los objetivos anteriormente referidos, pues en unos casos se limitan a enunciar buenas intenciones, en otros suena a la reiteración de las políticas y en otros de defender los logros del pasado más que a alumbrar el futuro.

El Pacto por Andalucía puede ser una oportunidad para impulsar el desarrollo de Andalucía si se atreve a consensuar reformas en las políticas e instituciones que se han demostrado ineficaces para el desarrollo, pero si se limita a una mera operación política o declaraciones retóricas no sólo será inútil sino también perjudicial para nuestro futuro, pues a la desafección de los ciudadanos con los políticos y a la incredulidad con sus iniciativas se sumará un motivo adicional.