LA Sala Especial del Tribunal Supremo decidió en la madrugada del pasado sábado prohibir la participación de la coalición Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP) en las elecciones al Parlamento Europeo, al considerar que su lista vulnera la Ley de Partidos y no es más que otro intento de ETA y su entorno por saltarse la norma. Con contundencia, el auto concluye que la candidatura anulada "no es más que un instrumento de ETA-Batasuna". Estamos plenamente de acuerdo con esta resolución que mantiene a salvo el cumplimiento de la ley que impide que quienes defienden sus ideas con el uso de las armas y sin condenar la violencia participen de las instituciones públicas. La resolución judicial considera demostrado "sin fisuras" que Batasuna preparaba un subterfugio, un disfraz, para presentarse a las elecciones europeas, que los integrantes de la lista impugnada tenían una inequívoca relación con partidos ilegalizados y que aquéllos han obviado, pese a tener oportunidades para ello, cualquier condena del uso de la violencia. Esos tres pilares sirven de trípode para que el Supremo sustente del desmontaje de la estrategia del brazo político de los terroristas, que otra vez trataba de colarse en instituciones democráticas para trabajar a las órdenes de ETA. Esta nueva decisión del Supremo garantiza la calidad democrática, porque no hay que olvidar que a quienes ahora se impide ser elegidos en unas elecciones se les prohíbe no por lo que piensan, por sus ideas, sino porque son un instrumento de una banda terrorista que mata y extorsiona para imponer un pensamiento. Volvemos a reafirmarnos en que la Ley de Partidos no mutila el pluralismo -ahí está Aralar, que defiende similar ideario pero sin el uso de la violencia y que ha obtenido escaños en el País Vasco- ni reprime las ideas independentistas, sino la violencia terrorista. Dejar fuera de las elecciones a ETA y sus acólitos es una buena noticia, tan buena como la unidad política sobre este asunto: PSOE y PP celebraron el auto. Contra quienes defienden que con ello se deteriora la democracia, nos reafirmamos en que es el mecanismo legal que el Estado ha adoptado para que quienes cuestionan el sistema y lo atacan con actos violentos no se aprovechen de él. Todas las ideas son legítimas, pero si se defienden con pistolas no pueden obtener votos. Ésas son las reglas del juego. Y hay que cumplirlas.