La Fiscalía de Sevilla ha archivado una denuncia del Ayuntamiento en la que se ponía de manifiesto el sacrificio de 1.644 caballos en el matadero municipal sin la preceptiva documentación sanitaria, al considerar que no hay ningún delito contra la salud pública ni riesgo para las personas porque todos los animales sacrificados han pasado el “debido control veterinario postmortem”, todo ello con independencia de las irregularidades administrativas detectadas.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía el pasado 15 de mayo por el director general de Empleo y Economía informando del sacrificio de equinos sin control sanitario oficial por parte de la empresa Gesesur S. L., con alteración del proceso de sacrificio y comercialización de animales de abasto. Esa denuncia fue ampliada en el mes de junio, en un nuevo escrito en el que el Ayuntamiento concretaba el número de caballos sacrificados sin la documentación sanitaria preceptiva, lo que motivó que desde la Consejería de Salud y Bienestar Social y desde los servicios municipales se diesen las órdenes oportunas de localización e inmovilización del producto tras seguir la trazabilidad de la mercancía sacrificada en el matadero. Y el servicio de Consumo del Ayuntamiento instruyó el correspondiente expediente sancionador por una posible infracción de la ley de Salud Pública de Andalucía.

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, abrió entonces diligencias de investigación y encomendó la investigación al Grupo Especial de la Policía Local (Gepol) para que indagara si esa infracción administrativa podría haber ocasionado un riesgo grave para la salud pública.

El Gepol ha emitido ahora un informe, con fecha 27 de septiembre, e el que concluye que, debido a los “distintos registros” de las reses que lleva la empresa Gesesur y la inspección sanitaria "no es posible identificar cada uno de los 1.644 caballos que han sido sacrificados, al parecer, sin control veterinario, a los efectos de seguir la trazabilidad de los productos de ellos derivados y ordenar los oportunos análisis".

En cualquier caso, el informe policial concluye que "todos los animales sacrificados en dicho matadero han pasado por el debido control veterinario postmortem" y todo ello con independencia de que sea "posible" que algunos animales puedan eludir el control documental previo –básicamente la comprobación de la tarjeta/libro del animal y la guía de origen- o incluso el control visual que se realiza por la inspección veterinaria antes de sacrificar el caballo. "Todo apunta a que ello ha sido así", asegura la Fiscalía, que subraya no obstante que "no sucede lo mismo con el control postmortem, que se realiza en la propia cadena de sacrificio y que supone la inspección del estado general de la canal una vez desollado, la evisceración e inspección de dichas vísceras, inspección de la canal, análisis de la muestra de cada animal para verificar la existencia de triquinosis y marcado sanitario cada media canal mediante el sello oficial, todo ello realizado por la inspección veterinaria”"

Este último control, que no se documenta de forma específica, es sin embargo a juicio del análisis de la perspectiva penal "el más importante y es lo que determina que no consideremos que en las irregularidades detectadas –sacrificio de animales sin poseer la tarjeta/libro del animal y la guía de origen- exista relevancia penal, por cuanto que no consta la existencia de riesgo para la salud pública", precisa la fiscal jefe en el decreto de archivo de las investigaciones.

María José Segarra señala, por último, que desde que la Fiscalía investiga el asunto "no ha llegado" de las autoridades sanitarias competentes ninguna comunicación relevando el hallazgo de alteración sanitaria de ninguna partida de canales o productos derivados de estas reses que hayan podido ser localizadas.