La Policía mantiene cercado el bloque de Nuevo Amate en el que se han registrado varias ocupaciones de viviendas en los últimos días. A la hora de cierre de esta edición, eran cinco las familias que permanecían en otros tantos pisos del bloque 12 de este complejo de viviendas que la empresa municipal de la vivienda (Emvisesa) levantó recientemente sobre los antiguos edificios de Regiones Devastadas. Agentes de la Policía Nacional y Local impidieron durante toda la jornada de este miércoles el acceso a cualquier persona que no residiera en este inmueble y sólo permitían a los familiares de los ocupas que llevaran alimentos, agua, medicinas y ropa.

Antes de permitir el acceso sólo hasta las zonas comunes del bloque a las personas que llevaban víveres a los encerrados, los agentes registraban todas las pertenencias de manera concienzuda. Como relató María del Carmen Expósito, madre de Verónica Chaparro, una de las jóvenes que permanecían encerradas, les revisaron incluso el interior de un papelón de calentitos que les llevaron para desayunar. La Policía tampoco permitía el paso de teléfonos móviles ni cargadores al interior de los pisos ocupados.

Los ocupas permanecían en todo momento encerrados en cinco viviendas de la cuarta planta y sólo podían comunicarse a gritos con sus familiares y allegados. En un principio eran ocho las familias que asaltaron viviendas vacías, pero a la hora de cierre de esta edición sólo quedaban cinco, después de que tres abandonaran las casas. En el caso de la joven Irene Gutiérrez, de 19 años, salió de su vivienda la tarde del martes y al volver se encontró con que la Policía no le dejaba pasar. Un cerrajero le cambió este miércoles la cerradura.

"El martes no nos dejaban ni meter comida. Nos tiraron una cuerda para que les subiéramos unos macarrones y la Policía nos cortó la cuerda. Mi hija se desmayó. Hay quince menores de edad ahí arriba. No es justo ese trato, no somos delincuentes ni terroristas", explicaba María del Carmen Expósito. Otra familiar de los encerrados anunció ayer que presentarán una denuncia en el juzgado de Guardia contra la Policía por esta forma de proceder.

Mientras tanto, el Ayuntamiento está a la espera de que el juzgado ordene el desalojo de los ocupas, después de que denunciara el martes ante el juzgado la ocupación de las viviendas. El alcalde, Juan Ignacio Zoido, censuró este miércoles la ocupación y señaló el "ilícito penal" implícito en actuaciones así. El regidor manifestó que "cualquier familia que tenga necesidad" de contar con un techo debe acudir precisamente a Emvisesa. Varias de las familias ocupas mostraron a este periódico los documentos que los acreditan como demandantes de vivienda ante la empresa municipal, en algunos casos desde el año 1990.

El asunto generó este miércoles una cierta bronca política, ya que casi 150 pisos permanecen vacíos en Nuevo Amate desde el pasado verano. En este complejo de viviendas se construyeron 220 pisos. De ellos se entregaron 72 el pasado mes de septiembre a los vecinos de los antiguos edificios de Regiones Devastadas. El resto se ha quedado sin entregar hasta la fecha.

Para el alcalde, no se debe "permitir ni tolerar la ocupación violenta" de viviendas, sobre todo cuando se trata de viviendas de promoción pública, pues con comportamientos así "familias que tienen el mismo o más derecho" a una vivienda protegida son "privadas" de dicho derecho.

El portavoz del Grupo Socialista, Juan Espadas, exigió a Emvisesa que dé soluciones y adjudique "de una vez las más de 440 viviendas protegidas que tiene finalizadas y vacías", 140 de ellas en Nuevo Amate. El coordinador local de IU en Sevilla, José Manuel García, manifestó que esta ocupación de viviendas constata, una vez más, "el fracaso de la nula política de Zoido en materia de vivienda y su absoluta incapacidad para resolver el que es, sin duda, uno de los principales problemas de los ciudadanos en la actualidad".