Sevilla

El alcalde insta a los 'okupas' de Nuevo Amate a "acudir a Emvisesa"

  • Zoido señala el "ilícito penal" implícito en la ocupación de varias VPO desocupadas por parte de una veintena de personas.

El alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, ha censurado este miércoles el gesto protagonizado por un grupo de familias al ocupar por la fuerza varias de las 220 viviendas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, donde actualmente se alzan estas viviendas protegidas conocidas como Nuevo Amate. El alcalde ha señalado el "ilícito penal" implícito en actuaciones así y a manifestado que "cualquier familia que tenga necesidad" de contar con un techo debe acudir precisamente a Emvisesa. 

El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Sevilla para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla. 

Para el alcalde, el asunto está claro, porque no se debe "permitir ni tolerar la ocupación violenta" de viviendas, sobre todo cuando se trata de viviendas de promoción pública, pues con comportamientos así "familias que tienen el mismo o más derecho" a una vivienda protegida son "privadas" de dicho derecho. "No puedo defender ni recomendar la ocupación de viviendas. Más allá del ilícito penal que implica, no es la mejor forma de acceder a la vivienda", dice el alcalde señalando que "cualquier familia" que sufra necesidades en materia de vivienda debe acudir "a Emvisesa". 

Al respecto, ha explicado que dado que "hoy por hoy no hay demanda de adquisición" de viviendas protegidas, Emvisesa acomete "la sustitución de la calificación" de sus viviendas protegidas para que pasen del régimen de venta al de alquiler, todo ellos a precios "prudentes y en atención a las circunstancias" de los inquilinos.   

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