Cualquier corrección o medida disciplinaria que un centro de Secundaria imponga a un alumno si éste comete una falta grave 'deberá tener un carácter educativo y recuperador'. Para ello, la Consejería de Educación en el documento de propuestas para la nueva organización de los institutos plantea como medida de corrección que el director pueda sancionar al alumno con tareas 'dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro'. Además, esta sanción incluye la reparación del daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro.

Éstas propuestas formarán parte del futuro Reglamento Orgánico de los Centros (ROC) y, según fuentes educativas consultadas por este diario, Educación espera tenerlo listo en marzo del próximo año. La Junta no modificaba el ROC desde 1997 y los cambios son necesarios para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de la Ley Educativa de Andalucía (LEA). Es más, entre mañana y el sábado, la Consejería de Educación celebra un congreso en Málaga en el que la comunidad educativa debatirá esta primera propuesta y a la que se podrán añadir o eliminar sugerencias que se consideren necesarias.

La propuesta de Educación expone otras sanciones que un alumno puede recibir si comete una falta contra las normas de convivencia. La sanción más leve es la amonestación oral, seguida del apercibimiento por escrito. La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos o del centro son las multas más fuertes.

Hasta que el texto pase por la mesa sectorial y pueda recoger nuevas medidas o propuestas, el informe de la Consejería de Educación también especifica el tipo de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, las mismas que rigen en los centros educativos desde hace varios años. Entre ellas se encuentran la agresión física contra cualquier persona del instituto, las injurias y ofensas, así como el acoso escolar, pero entendido como 'el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno producido por uno o más compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado'.

Dentro de este tipo de conductas, el departamento que dirige Mar Moreno también sitúa las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa o la incitación a las mismas, así como las vejaciones o humillaciones, 'particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófobo', o se realizan contra alumnos con necesidades educativas especiales. Como castigo, la Junta propone, además de realizar tareas fuera del horario lectivo, la suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto durante un mes como máximo e, incluso, el cambio de centro docente.

El documento incluye también las funciones del profesorado, así como sus derechos, basados en la 'legislación básica de la función pública'. Otro de los derechos que recoge la propuesta es el de recibir 'el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación por parte de las autoridades educativas'. Se trata de una garantía que muchos profesores quieren que se aumente para que la Administración les reconozca como autoridad pública, tal y como hará próximamente la Comunidad de Madrid. Sindicatos como CSIF, han reclamado en diversas ocasiones que Educación actúe como acusación particular cuando un profesor sea agredido.

En su intención de proteger al docente, Educación se compromete en el citado texto a 'prestar una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al reconocimiento social de la función docente'. En este apartado, la Junta no incluye ninguna novedad, ya que plantea algo que sucede desde hace varios años como el de calificar como 'atentado' las agresiones ante la Fiscalía. Tampoco aporta nada nuevo en cuanto a la prestación de asistencia jurídica gratuita en el caso de que un profesor sea agredido, ya que también se ofrece, al igual que la asistencia psicológica.

En esta propuesta también hay hueco para los derechos y deberes de cualquier alumno de Educación Secundaria. El respeto a la libertad de conciencia, a las convicciones religiosas y morales y a la dignidad, integridad e intimidad de la comunidad educativa, así como a la igualdad entre hombres y mujeres son otros de los deberes a cumplir por cada estudiante mientras permanezcan en el centro. Por su parte, en el apartado de derechos, los alumnos están protegidos 'contra toda agresión física o moral' y a la igualdad de oportunidades y de trato mediante políticas de integración y compensación.