Una juez de Sevilla ha citado a declarar como imputados al suegro, al chófer y a dos abogados que trabajaban para el dueño de la inmobiliaria Contsa, encarcelado por estafa, por su supuesta participación en la venta de activos después de la suspensión de pagos de la empresa.

Fuentes del caso han informado este viernes de que los nuevos imputados, que se unen a los once que ya figuran en la causa, han sido citados para el 19 de abril, después de que, a finales de febrero, el presidente de la Asociación de Afectados de Contsa aportase al juzgado un listado de unos 1.500 inversores en dinero legal y negro y de las personas que, supuestamente, siguen operando en nombre de la inmobiliaria.

Por la presunta estafa está encarcelado desde hace un año y medio el dueño de la inmobiliaria, José Salas Buzón, después de que los administradores judiciales de Contsa detectaran un déficit de 86,8 millones de euros entre el activo de 28,4 millones y el pasivo de 115,2 millones.

Ahora, la juez ha citado a declarar como imputados al suegro de Salas, J.B.R., al chófer S.S.F. -que supuestamente llevaba la informática de la empresa- y a los abogados J.M.B.M. y M.J.H.M., que presuntamente estuvieron vendiendo bienes de Contsa "por lotes" en las fechas próximas a la suspensión de pagos.

Las revelaciones de F.G.Z., presidente de la Asociación de Afectados de Contsa e imputado en la causa, han frenado lo que se adelantaba como inminente fin de la fase de instrucción del caso, iniciado hace dos años por denuncia de unos inversores tras la suspensión de pagos de Contsa, declarada en febrero de 2008.

En el listado que F.G.Z. aportó a la juez figuran personas que invirtieron en Contsa en dinero legal, en dinero negro y en ambos y que hasta ahora no se han personado en la causa penal del juzgado de instrucción 17 ni en la suspensión de pagos del Juzgado Mercantil, por lo que las citadas fuentes interpretan que han cobrado su dinero fuera de los cauces legales o que han renunciado a él.

Junto al dueño de la inmobiliaria, en la causa estás imputadas una decena de personas, entre ellas su esposa, un apoderado, varios empleados y el presidente de la Asociación de Afectados, imputado por cobrar presuntamente 200.000 euros cuando ya se conocían los problemas de liquidez.

Salas Buzón está acusado de presuntos delitos de estafa piramidal, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible. La Audiencia de Sevilla acordó en febrero pasado rebajar de dos millones de euros a 750.000 euros la fianza para que pueda salir de la cárcel, aunque fuentes del caso han apuntado que dudan de que el empresario pueda reunir esa cantidad.