Los 45 minutos que ha fijado el Ayuntamiento de Sevilla para acceder en coche al centro de la ciudad a partir de este verano no constan en ninguna norma municipal, tampoco en la ordenanza de circulación de peatones y ciclistas que avala desde mayo de 2008 (BOP 117) el plan para reducir al mínimo los vehículos privados en el casco histórico. A preguntas de la prensa, el concejal de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE), admitió ayer que este punto no consta en el texto de la ordenanza, una laguna que podría dar la razón a la patronal de empresarios sevillanos y a otros colectivos que recurrirán el plan ante los tribunales.

Si se aplicara lo que dice la ordenanza (artículos 14 al 32), ningún coche ajeno a residentes, titulares de plaza de garaje y hoteles podría entrar al centro sin una autorización específica. Fernández no descartó que por este motivo el gobierno local tenga que modificar la norma. "Si es necesario hacer una modificación, la haremos", dijo, pero dejó claro que los cambios se ejecutarán si así lo dictamina la Justicia. "Que el juez dirima esta situación. Los 45 minutos son una forma de de facilitar el acceso de no residentes y no usuarios de transporte público", explicó tras asisitir a las Terceras Jornadas sobre la Influencia de los Aparcamientos Urbanos en la Movilidad.

El añadido de los 45 minutos parece ideado para amortiguar los efectos del cierre del centro ante la falta de transporte público para llegar al centro (tranvía o metro) y para garantizar el negocio a los aparcamientos rotatorios hasta que se expropien, una idea que anunció en su día Urbanismo pero que se antoja lejana, al menos con la actual crisis económica.

El texto de la ordenanza de peatones y ciclistas deja claro que otra improvisación del Ayuntamiento son los 90 euros de sanción a los conductores privados sin autorización que sobrepasen este límite de tiempo. La norma sólo cita expresamente (artículo 62) sanciones económicas de 30 a 70 euros y remite al Real Decreto 339/1990 de Ley de Tráfico para graduar esas multas.

El concejal de Movilidad negó ayer que su plan sea oportunista (para echar humo sobre las nuevas polémicas de la Encarnación y del caso Mercasevilla) y dijo que no teme denuncias que puedan tumbar su plan porque hasta ahora los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento en los recursos contra la ordenanza de peatones y ciclistas. Según el director de Movilidad, Rubén García, hay ya cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que determinan que el gobierno municipal tiene "capacidad de regulación del tráfico en el casco antiguo", en respuesta a los recursos contencioso-administrativos presentados por Construcciones Feijose, por un particular, por aparcamientos Plaza Nueva (Albareda) y por varias asociaciones de vecinos del centro. El Ayuntamiento también aclaró que no multará a los conductores que sobrepasen los 45 minutos si hay manifestaciones de protesta u otros imponderables (se desconectarán las cámaras hasta que pase la incidencia) y que se negocia con los parkings privados para que coloquen a la entrada del centro paneles informativos sobre sus plazas libres. Si una gestión va a durar más de 45 minutos, la única opción es pagar por aparcar.

“Hay que evitar que el centro sea un infierno”

El alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín defendió ayer la restricción del tráfico privado en el centro como un plan necesario, analizado y estudiado, para el que se buscará el consenso con los sectores afectados de aquí a septiembre. “Las restricciones del acceso al centro y al aparcamiento salvaje son la solución para evitar convertir al centro en un infierno. Hace falta un cambio de mentalidad. Si no tomamos medidas en esta dirección nunca podremos cambiar esos hábitos”. Monteseirín admitió que de aparcamientos rotatorios alrededor del centro “queda mucho por construir, pero no ahora que hay más oferta que demanda” (de las 5.234 plazas de los parkings actuales de 8:00 a 15:00 sólo se usa un 45%) y que el Metro “no es para moverse de un punto a otro del centro”.