La comunidad autónoma andaluza ha sido, con diferencia, la que más empleo público ha destruido en términos absolutos desde 2010, año en el que se dio el pistoletazo de salida al recorte de plantillas en este sector. Antes, y a pesar de la crisis, éstas no sólo no disminuyeron sino que siguieron aumentando en 2008 y 2009. Pues bien, la Junta de Andalucía ha reducido el número de puestos de trabajo en 17.197 (ver gráfico) entre enero de 2010 y julio de 2016, según un estudio elaborado por el área de Empleo Público de Adams Formación, basado en los boletines estadísticos del personal al servicio de las administraciones públicas del Ministerio de Hacienda. La siguiente región en la lista, la Comunidad Valenciana, destruyó prácticamente la mitad, 8.682.

Andalucía es la comunidad que más empleo público ha recortado

Que la autonomía andaluza sea la del mayor recorte de puestos de trabajo, de todas formas, tiene cierta lógica, ya que es la que tiene más funcionarios y personal laboral por su peso poblacional. Sin embargo, incluso en términos relativos no sale bien parada, ya que el retroceso del 6,76% es el cuarto mayor, si exceptuamos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sólo Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana, por ese orden, han recortado más, y hay algunas, como Cataluña (1.647) y País Vasco (3.273), que incluso han aumentado su personal.

El informe no sólo analiza la evolución temporal de los últimos años sino que ofrece una foto fija comparativa del número de empleados de cada comunidad. Y resulta que, a tenor de los datos, el cacareado sobredimensionamiento del sector público andaluz no es tal. Es cierto que es la comunidad con más funcionarios, pero no en relación con la población. La Junta y sus organismos autónomos tienen 28,29 empleados por cada 1.000 habitantes, lo que sitúa a Andalucía en el puesto número 12 del ranking nacional, lejos de Extremadura (42,5), Navarra (36,7) y Asturias (34,9), que son las regiones en cabeza. En el polo opuesto están dos autonomías con un comportamiento opuesto durante la crisis: Comunidad Valenciana, que fue de las más recortadoras a pesar de no estar muy dotada en personal, y Cataluña, la comunidad con menos empleados públicos en relación con su población.

Además, tampoco se refleja en los datos la supuesta sobrecarga administrativa de la Junta en detrimento de servicios esenciales como sanidad o educación. De los 237.299 trabajadores de la administración autonómica andaluza a julio de 2016, siempre según las bases estadísticas del Ministerio de Hacienda, sólo 31.336 trabajan en Consejerías y organismos autónomos, aunque la Cámara de Cuentas contabiliza en su informe anual de fiscalización 45.152 en 2015. En cualquier caso, y según los datos recopilados por Adams, sólo Valencia, Baleares y País Vasco tienen menos personal trabajando directamente en Consejerías en relación con el resto de trabajadores públicos. En el caso andaluz es el 13,20% del total, frente al, por ejemplo, 23% de Castilla y León o 29% de Extremadura. En contraste, tras la Comunidad Valenciana, Andalucía es la que más personal concentra en educación y sanidad, el 83,66% frente al 68,05% de Cataluña.

Y ello es especialmente remarcable en educación, actividad en la que la Junta figura a la cabeza, con 108.379 efectivos a julio de 2016, el 45% del total, sólo superada por la Comunidad Valenciana en porcentaje. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la sanidad. Es cierto que trabajan en el ámbito sanitario 90.151 personas al servicio del sistema andaluz, el mayor número con diferencia de todas las autonomías (la siguiente, Madrid, tiene 71.351), pero son el 37,99% del total del personal laboral vinculado a lo público en la región, un porcentaje que es superado por once comunidades autónomas.

A nivel nacional, el informe de Adams Formación concluye que se han perdido 227.685 empleados públicos en el periodo analizado entre la administración central, la autonómica y la local (-8,76%, 103,9 empleos menos cada día). Según Adams, si se atiende a las restricciones a la tasa de reposición de los funcionarios que se jubilan el recorte debería haber sido mucho mayor, pero las administraciones han recurrido a puestos interinos para evitar que se resientan mucho los servicios. Donde más retroceso ha habido ha sido en la administración local, con 110.080 empleos menos, seguida de la central (67.245) y la autonómica (50.360).