La presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniele Nouy, instó ayer a España a investigar las salidas de capital realizadas la víspera de la resolución del Banco Popular por parte de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

"Esto no está en mis prerrogativas, yo no puedo participar en ello, pero desde luego que sí hay margen para que la justicia española investigue esos movimientos para ver si ha habido tráfico de información y si algunas instancias o personas han intentado protegerse mejor que los pequeños depositantes", declaró ante las preguntas de los eurodiputados. Sobre los accionistas y tenedores de deuda subordinada que han perdido su inversión con la resolución del Banco Popular, Nouy reconoció que "seguramente" habrá "muchísimos litigios", si bien precisó que, en su opinión, los pequeños inversores no deberían estar autorizados a comprar determinados productos.

"Respecto a la deuda subordinada y los cocos (bonos convertibles contingentes),(...) tienen un alto rédito en comparación con los bonos y esto significa que las empresas y los clientes deben saber qué es lo que están comprando y los minoristas no deberían tener la autorización para comprarlos directamente porque si no, el rescate se vuelve mucho mas difícil", explicó.

De hecho, calificó esos instrumentos de "bastante peligrosos" y precisó que "te transforman en accionista del banco cuando está a punto de quebrar".

Por otro lado, preguntada por el eurodiputado español de los Verdes Ernest Urtasun sobre en qué momento el Popular se quedó sin el ratio de liquidez exigido por las normas, lo que en última instancia supuso su inviabilidad, Nouy rehusó precisar una fecha por motivos de "confidencialidad". Señaló, sin embargo, que cuando un banco tiene problemas de liquidez que avanzan rápido es porque está "cerca de la crisis real" y puede ser "cuestión de días" declararlo en riesgo de inviabilidad.